Una red de despojos que lanza familias a la calle, al amparo de jueces y de la Fiscalía Ambiental de la CDMX

La Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y Protección Urbana (Fidampu) ha operado con prácticas irregulares desde 2016, asegurando inmuebles sin órdenes judiciales y criminalizando a antiguos residentes.

- ELIANA GILET

Casos como el de Sinaloa 96, en la colonia Roma, revelan inconsistencias: una propiedad investigada por despojo fue vendida y registrada conforme a la ley, pero luego reasegurada arbitrariamente. Vecinos de la San Rafael y La Merced denuncian desalojos sin fundamento, mientras la Fidampu acumula más de mil inmuebles "asegurados", pero sólo 2.3% restituidos.

La incidencia de la Fiscalía de Investiga-ción en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana (Fidampu) en casos de despojo ha variado su modus operandi desde 2016, cuando concentró la in-vestigación de todas las carpetas abiertas en la capital y comenzó a asegurar inmuebles sin ór-denes judiciales en investigaciones exprés que criminalizaron a antiguos vecinos, acusándolos falsamente de haber cometido la invasión de las casas que habían habitado por generaciones.

El "aseguramiento" causa expulsiones arbi-trarias, convirtiendo añosos conflictos civiles en delitos penales que engordaron las cifras, co-mo se publicó en la edición 2420 de Proceso (marzo de 2023).

Pero el caso de Sinaloa 96, una casa cen-tenaria de tres niveles, ubicada a metros de la avenida Insurgentes, en la colonia Roma, resulta paradójico y cobra un sentido denso cuando se cruza la información oficial contenida en la carpeta por despojo, abierta en febrero de 2019 (a la que Proceso tuvo acceso), con el relato del fraude sufrido por el arquitecto José Melgoza, quien invirtió 11 millones de pesos en la compra de esa propiedad, en marzo de 2020.