Un fallo que pone contra las cuerdas a la jerarquía eclesiástica

Los focos de alarma se prendieron en la Conferencia del Episcopado con el fallo histórico emitido el miércoles 19 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra cuatro sacerdotes católicos –entre ellos los arzobispos Carlos Aguiar Retes y Juan Sandoval Íñiguez– por hacer proselitismo político en detrimento de candidatos de Morena. Ahora toca al titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López, aplicar la sanción por violaciones a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Y debe hacerlo, pues estamos ante un caso inédito, dice Elio Masferrer Kan, especialista en asuntos religioso-electorales.

- RODRIGO VERA

El pasado miércoles 19, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió un fallo histórico con el que asestó un duro golpe a la jerarquía católica mexicana: determinó que dos influyentes cardenales –Carlos Aguiar Retes, arzobispo primado de México, y Juan Sandoval Íñiguez, arzobispo emérito de Guadalajara– violaron el principio constitucional de separación Iglesia-Estado, al hacer proselitismo político contra Morena durante las elecciones del año pasado.

Esta condena del máximo tribunal electoral, que también pone en la picota a los sacerdotes Mario Ángel Flores y Ángel Espinosa de los Monteros, de inmediato levantó una fuerte protesta de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que salió a defender a sus cuatro ministros porque, dice, se está coartando su “libertad de expresión”.

Al margen de esta protesta eclesiástica, será el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien por ley deberá sancionar a los jerarcas infractores, con penas que pueden ir desde un apercibimiento –ya de por sí oprobioso–, la clausura de sus templos o incluso quitarles el registro a las asociaciones religiosas a las que pertenecen, en este caso las arquidiócesis de México y Guadalajara.