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Primer Fiscal General Una Designacion Con Estigma De Desconfianza
Revista Proceso
|January 19, 2018
La poco complicada designación de Alejandro Gertz Manero en el Senado como el primer Fiscal General de la República sigue contrastando con las suspicacias de diversos sectores sociales y políticos por su cercanía con el presidente López Obrador. Por ejemplo, organizaciones civiles como las agrupadas en el colectivo Fiscalía Que Sirva y el Observatorio Designaciones Públicas cuestionaron el proceso de selección, en tanto que el PAN votó en contra del nombramiento por considerar que el diseño del artículo 102 constitucional y la Ley Orgánica de la Fiscalía General no garantizan la independencia y autonomía de la institución que sustituye a la PGR.
Poco antes de ser electo por 91 votos a favor de 128 senadores, Alejandro Gertz Manero sintetizó con el siguiente panorama y cifras su desafío como primer
Fiscal General: en el país se cometen 33 millones de delitos al año, pero sólo menos de dos millones son denunciados, y de esta cifra únicamente 200 mil se consignan. Es decir, existe un “marco de impunidad” del 99 por ciento en los ilícitos cometidos.
“Esta es la verdadera realidad en la que se dará el cambio de la Procuraduría General de la República”, sentenció Gertz, quien a sus 79 años vuelve a asumir el triple reto de configurar una nueva institución –como lo hizo en el sexenio de Vicente Fox al encabezar la entonces recién creada Secretaría de Seguridad Pública–; enfrentar el desafío del crimen organizado en medio de un plan nacional contra el robo de combustible que ha generado un contraataque de los huachicoleros y tragedias como la de Tlahuelilpan, Hidalgo, y garantizar credibilidad e independencia tras cuatro años de intensas pugnas partidistas para que naciera la Fiscalía General.
Ante la elección de Gertz, organizaciones civiles agrupadas en el colectivo Fiscalía Que Sirva y el Observatorio Designaciones Públicas cuestionaron el procedimiento mediante el cual se seleccionó a Gertz porque, afirman, fue “sumamente apresurado”, carente de transparencia y porque “fue definido con antelación, en un proceso que fue ajustándose sobre la marcha y que atentó seriamente la certeza jurídica y la confianza ciudadana”.
This story is from the January 19, 2018 edition of Revista Proceso.
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