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Sheinbaum adoptó un proyecto que debilita el Estado de derecho

Revista Proceso

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June 2025

La elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte, realizada este 1 de junio, es un “gravísimo riesgo” para la independencia judicial y profundiza el deterioro democrático iniciado en el gobierno de López Obrador.

- RAFAEL CRODA

Sheinbaum adoptó un proyecto que debilita el Estado de derecho

Claudia Sheinbaum, al implementar la reforma judicial, se convierte en corresponsable de un cambio estructural que debilita el Estado de derecho y facilita la injerencia del poder político e incluso del crimen organizado en la justicia, alerta la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus.

BOGOTÁ.- La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, está convencida de que las elecciones judiciales realizadas este primero de junio en México implican “la profundización del proceso de erosión de la democracia mexicana” que emprendió Andrés Manuel López Obrador en su presidencia (2018-2024).

En entrevista con Proceso, Goebertus señala que al decidir continuar y poner en marcha la reforma judicial que le heredó López Obrador, la presidenta Claudia Sheinbaum es corresponsable del “costo enorme” que ese cambio estructural en uno de los poderes del Estado tendrá para la democracia mexicana.

Y en ese sentido, asegura, la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia realizada este primero de junio marca “un antes y un después” para el Estado de derecho y la independencia de la justicia en México.

Goebertus, quien además de ser directora para las Américas de HRW es una abogada especialista en justicia, paz y derechos humanos, señala que con esa elección la justicia mexicana queda en el “gravísimo riesgo” de ser cooptada por el poder político de Morena, que ya controla el Ejecutivo y el Congreso, y por el crimen organizado.

“Para nadie es un secreto que en el caso de México, a escala local, los grupos del crimen organizado y los cárteles tienen una injerencia directa en la política electoral -asegura-. La manera en la cual ese control puede derivarse, en control también de las autoridades judiciales, es supremamente preocupante”.

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