¿QUÉ ES EL CONTROL DE LA CONVENCIONALIDAD?

Araíz de la más reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) del pasado 7 de noviembre, en contra del Estado mexicano por el caso "Tzompaxtle Tecpile y Otros vs. México", que declaró la responsabilidad internacional por la violación de los derechos a la integridad y libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de Jorge Marcial y Gerardo -ambos de apellidos Tzompaxtle Tecpile-, así como de Gustavo Robles López, por su detención y privación ilegal de la libertad, se han generado múltiples reacciones que es recomendable analizar.

- RAÚL CONTRERAS BUSTAMANTE

Coidh. Tratados

Por un lado se ha expresado la indignación por los alcances de la sentencia, que señala la necesidad de tener que adecuar la legislación nacional -que, se entiende, tendrá que ser incluso del texto constitucional- para expulsar de nuestro orden jurídico las perniciosas figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa.

Diversas voces dentro de la academia y el gobierno han sostenido que la sentencia de la Coidh vulnera nuestra autodeterminación soberana al decretar la obligación de nuestro Estado de modificar su Constitución; alegan que tampoco es posible que se coaccione a nuestros representantes populares a procesar una enmienda en ese sentido.

Pero, por otro lado, para una parte también de la academia y de la opinión pública, esta sentencia se esperaba. Aunque duele que el Estado mexicano reciba otra condena de parte de la Coidh por cuestiones violatorias de los derechos humanos, se considera que ésta es congruente con la determinación constitucional que como país hemos adoptado de favorecer en todo tiempo la protección más amplia de los derechos de las personas.

Para tratar de explicar por qué las resoluciones de la Corte son obligatorias para el Estado, en aras de salvaguardar la protección de los derechos de las personas y en su caso reparar los daños causados por las acciones y omisiones del Estado, trataremos de hacer algunas precisiones.

La historia de la humanidad -y de manera particular después de la Segunda Guerra Mundial-nos ha enseñado que las leyes nacionales pueden legitimar atrocidades; por ello se instauró todo un sistema de supervisión internacional para evitar que arbitrariedades al interior de los Estados puedan "legalizar o constitucionalizar" aberraciones y violaciones a los derechos humanos.