A puntalados por la participación de Carlos Slim, de la familia Vázquez Raña, del Grupo ICA y de la gigantesca gestora de fondos de inversión BlackRock –con participación en el Tren Maya–, los contratos con el sector privado para la administración de ocho penales se encuentran blindados durante la próxima década sin que, hasta ahora, el gobierno lopezobradorista termine con la participación privada en las cárceles en el país, que ya alcanza más de 40% de las prisiones federales y que se inició durante la gestión de Genaro García Luna en la Secretaría de Seguridad Pública federal.
Con el descuento que López Obrador negoció con los empresarios que administran contratos de servicios y propiedades inmobiliarias para los penales, entre 2021 y el año 2032, el monto pagado será de 235 mil 123 millones de pesos y no de 276 mil 619 millones, un ahorro de 15%, con una reducción de 41 mil 496 millones de pesos.
En tan sólo nueve años se pagaron 85 mil 398 millones de pesos. En 2020 el gobierno de López Obrador reportó un pago de 22 mil 776 millones de pesos a los centros penitenciarios privados, de los cuales 67.7% correspondió al pago de los contratos que otorgó el gobierno de Felipe Calderón.
Pero los contratos para estas cárceles federales siguen vigentes pese a que representan el tipo de compromisos transexenales que ha rechazado la Secretaría de Hacienda.
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