A TRES SEMANAS DE LA TRAGEDIA EN CIUDAD JUÁREZ CAOS Y SEÑALES CONTRADICTORIAS EN LA POLITICA MIGRATORIA

Tras la tragedia en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, la 4T lanza señales contradictorias: si la FGR imputa a los altos funcionarios del Instituto Nacional de Migración, el presidente López Obrador se resiste a removerlos y expresa su apoyo a su titular, Francisco Garduño; si Alejandro Solalinde -sacerdote cercano al mandatario- afirma que pronto desaparecería el Instituto y será reemplazado por una Coordinación con un enfoque "humanista", desde el gobierno se mantiene la política de contención de migrantes acordada con Washington y apoyada en las Fuerzas Armadas.

- MATHIEU TOURLIERE

Atres semanas del incendio en el centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que fallecieron 40 migrantes, el caos impera en torno al Instituto Nacional de Migración (INM): mientras la Fiscalía General de la República (FGR) imputa a sus altos funcionarios, e incluso pide órdenes de aprehensión, el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha negado a removerlos, e incluso ha expresado su apoyo al titular, Francisco Garduño Yáñez.

El pasado jueves 13, la administradora del Centro de Justicia Penal Federal en Ciudad Juárez envió una convocatoria para que Garduño y Antonio Andrés Vidal Islas, director general de Regulación y Archivo Migratorio, comparezcan ante el juez de control el siguiente viernes 21, donde responderán a las imputaciones por “ejercicio ilícito del servicio público” que la FGR tiene en su contra. El delito no amerita prisión preventiva de oficio.

Acto seguido, un grupo de organizaciones de la sociedad civil señaló que las imputaciones contra Garduño deberían abarcar los delitos de homicidios y lesiones. Y tras advertir que no aceptaría una “investigación superficial”, el grupo recalcó que la FGR no permitió a los activistas acceder a la carpeta, pese a que se trata de un caso de violaciones graves a los derechos humanos.