CUANDO LOS DERECHOS NO IMPORTAN

Los defensores de derechos humanos coinciden: la tragedia del 27 de marzo último es una consecuencia directa de la criminalización, discriminación y abusos contra migrantes a los que da lugar el enfoque de seguridad nacional en la política migratoria mexicana. En sus estudios, basados en seguimiento de denuncias, estadísticas y testimonios de los afectados, se evidencia que el alineamiento del gobierno mexicano a las políticas estadunidenses se agudizó en el sexenio pasado y continúa en el presente.

- GLORIA LETICIA DÍAZ

Detrás de la tragedia en la Estación Provisional del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, el 27 de marzo último, está la continua política de “securitización” de la migración en México en respuesta a las presiones de Estados Unidos, situación que prevalece al menos desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y continúa en el de Andrés Manuel López Obrador, alertan defensores de derechos humanos y reportes de organizaciones civiles consultados por Proceso.

Aunque el incendio que acabó con la vida de 39 migrantes y causó lesiones a 27 más no tiene precedentes, no sólo en Ciudad Juárez sino en el país, no deja de ser una consecuencia de la manera en que son vistas las personas en condición de movilidad en la política migratoria con enfoque de seguridad nacional, apunta Conrado Zepeda Miramontes, coordinador nacional del Servicio Jesuita de Refugiados (SJR).

“La concepción de seguridad nacional considera que las personas extranjeras vienen a hacer daño, por eso tienen que ser controladas por el Ejército o las personas dedicadas a la seguridad nacional”, señala en entrevista.

Involucrado en su albor desde 2016, Zepeda Miramontes alerta que esta visión de seguridad nacional se plantó en la política migratoria al menos desde el gobierno de Peña Nieto, que llevó a cabo “una política migratoria muy restrictiva vía el Plan Frontera Sur, con el que hubo muchas detenciones”.