Vigente, contrato de Fonatur con empresa abusiva
Revista Proceso|October 10, 2021
La liberación de terrenos para el Tren Maya está más empantanada que antes. El secretario de Bienestar, Javier May, aparentemente les mintió a los pobladores afectados por el proyecto del sexenio, al anunciarles que se rescindió el contrato con el despacho Barrientos y Asociados para gestionar la identificación y adquisición de predios, debido a las denuncias de que la empresa recurrió a extorsiones, amenazas y violaciones a los derechos humanos. Según el Fonatur, sigue vigente la relación con ese contratista demandado por la vía penal.
ROSA SANTANA

CAMPECHE, CAMP.- En julio pasado, después de que salieron a la luz los presuntos hechos delictivos que BYA Barrientos y Asociados perpetró a la sombra de su encomienda, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) anunció la rescisión del contrato que de manera directa le asignó a esa empresa, encabezada por Ernesto Tadeo Barrientos Quintero, para ocuparse de los trabajos técnico-jurídicos de identificación y liberación de áreas para el derecho de vía del Tren Maya.

No obstante, según información proporcionada por el propio Fonatur vía transparencia, la relación contractual sigue vigente.

En el apartado de antecedentes que se encuentra al inicio del contrato abierto C-TM-007/2010, hasta por 62 millones de pesos más el impuesto al valor agregado, que protocolizaron el 14 de agosto de 2019 Barrientos Quintero como apoderado de BYA; Alejandro Varela Arellano como director jurídico de Fonatur, y Arturo Ávalos como apoderado de Nacional Financiera, la fiduciaria del fideicomiso Fonatur, la empresa fue seleccionada en “una investigación de mercado con el objeto de identificar la existencia de oferta de los servicios, el costo de los mismos y los proveedores con capacidad de prestar los servicios”.

Como parte de los múltiples servicios para los que fue contratada, BYA debía identificar, negociar la compra de las tierras para reservar el derecho de vía del tren a lo largo de todo su derrotero y hasta pagar las indemnizaciones correspondientes, pero sus representantes presuntamente robaron el dinero a los afectados, en algunos casos incluso a punta de pistola, y en otros obligándolos a cederles parte de los recursos que les correspondían en pago por sus supuestos servicios de gestión, entre otros modus operandi.

También se le acusa de obligar a muchas personas, incluidos indígenas que no hablan español, a firmar la venta de sus tierras; de falsificar documentos y firmas, así como de realizar asambleas ejidales ilegales sin traductores ni autoridades de la Procuraduría Agraria y de otras dependencias que por ley debían asistir para legitimarlas.

Por ello, en mayo pasado la Unión de Ejidos en Defensa del Territorio Maya, integrada por comunidades del sur de Campeche por donde correrá el Tramo Uno del Tren Maya (Palenque-Escárcega), denunció pública y penalmente a la empresa por delitos como fraude, extorsión, amenazas y violaciones a los derechos humanos. Las denuncias se asentaron en la Fiscalía General del Estado (FGE), ya que la General de la República (FGR) no las admitió. Los ejidatarios calculan que el monto de lo robado ronda los 15 millones de pesos.

El 2 de julio la misma agrupación denunció que seguían siendo “presionados, hostigados y criminalizados” por solicitar transparencia y apertura al diálogo. Acusaron al Fonatur de filtrar información sensible contenida en las denuncias y demandas contra BYA, con lo que “incrementó el riesgo y la vulnerabilidad en la cual ya de por sí” se encuentran por ejercer su derecho a la defensa de sus territorios ante el proyecto del Tren Maya.

También hicieron un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrador para que atienda el conflicto y garantice la seguridad, así como el respeto a los derechos humanos de los pobladores.

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