Minera canadiense desata conflicto ecológico y político en Colima
Revista Proceso|November 29, 2020
La comunidad indígena de Canoas se opone al proyecto Rufus 5, mediante el cual la minera canadiense Hematite pretende explotar un yacimiento de hierro durante 16 años. Y aunque el ayuntamiento morenista de Manzanillo, organizaciones ecologistas y varias dependencias federales respaldan la defensa de los recursos naturales de los que depende la población, la empresa tiene el apoyo del gobierno del estado, que encabeza el priista José Ignacio Peralta.
PEDRO ZAMORA BRISENO

MANZANILLO, COL.- A menos de un año de la sucesión gubernamental en Colima, el mandatario priista José Ignacio Peralta Sánchez opera para que la minera Hematite, SA de CV, de capital canadiense, pueda extraer más de 2 millones de metros cúbicos de hierro durante 16 años, aún con el riesgo de que se contamine el río que abastece a la comunidad indígena de Canoas y seis poblados más de la región.

En tanto, autoridades municipales, ejidales y federales, se mantienen contra el proyecto minero Rufus 5, cuya viabilidad es actualmente evaluada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

En el pleito entre el gobierno estatal priista y el federal morenista, sólo respalda el proyecto la Comisión Nacional del Agua (Conagua), cuya directora es Blanca Elena Jiménez Cisneros; las restantes dependencias federales con voto en el Consejo Estatal Forestal emitieron opinión desfavorable.

La delegación de la Semarnat ofreció a los habitantes de Canoas realizar una “consulta pública”, pero ésta fue rechazada de manera tajante.

El pasado 20 de octubre, Raymundo Campos Muñoz y Salud Valencia Ramos, integrantes de la directiva ejidal, y Lourdes Ochoa Figueroa, comisaria municipal, advirtieron mediante oficio a la titular de la dependencia, María Luisa Albores González: “Ya realizamos nuestros propios procesos de autoconsulta en los que decidimos un rotundo no a la minería en Canoas”.

Añadieron: “Lamentamos que en el gobierno se estén coordinando para validar proyectos de muerte y pretendan que, por medio de las ya maltrechas y violentadas consultas que este gobierno impone, sean la vía que posibilite la entrada de este tipo de proyectos”.

Al gobernador Peralta Sánchez, quien fue subsecretario de Comunicaciones y Transportes en el gobierno de Enrique Peña Nieto, le quedan 11 meses para entregar el poder a quien resulte electo el próximo 6 de junio. En tanto, el ayuntamiento de Manzanillo, encabezado por Morena, respalda al comisariado ejidal y a los habitantes de Canoas en contra del proyecto minero.

Canoas se encuentra en los límites del municipio de Manzanillo con el de Minatitlán, donde opera desde hace casi 50 años la minera trasnacional Peña Colorada, que extrae de esa zona más de 30% del hierro que se utiliza en el país y ha sido objeto de numerosas denuncias de daños ambientales en Colima y Jalisco.

Datos de la Secretaría de Economía ubican a Colima como el estado con la mayor proporción de territorio concesionado a la minería en el país, con una superficie cercana a 40%.

En 2013 y 2014 los habitantes de Canoas detuvieron proyectos extractivos en los lotes Eva y Tinajas, pese a que el primero ya tenía permiso de la Semarnat. Desde entonces, en una asamblea, la comunidad se declaró Territorio Libre de Minería.

A partir de agosto pasado, esta comunidad de menos de 400 habitantes empezó nuevas movilizaciones, ahora contra el proyecto Rufus 5, con el apoyo de organizaciones como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), Frente en Defensa del Maíz, Consejo Indígena en Defensa del Territorio de Zacualpan, Verde Colima, Red Manglares de Colima, Ciencia para el Pueblo y Coordinadora Socialista Revolucionaria, entre otras.

Entre las primeras acciones, la comunidad de Canoas realizó una asamblea en la que integrantes del ejido y vecinos reiteraron su rechazo a la actividad minera y aprobaron enviar una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le pidieron intervenir para detener el proyecto.

Firmado por Raymundo Campos, presidente del Ejido; Salud Valencia, secretaria, y Manuel Rodríguez, tesorero, así como la comisaria municipal, Lourdes Ochoa, el documento dirigido al mandatario federal establece:

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