Duro Golpe a Pena Nieto - De Las Mujeres - Vejadas en Atenco

Desde que era gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto hizo hasta lo imposible para evitar que el caso de las mujeres de San Salvador Atenco vejadas por uniformados durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006 llegara a la Corte Interamericana. Pero su desdén y el de algunos de sus antiguos colaboradores a las observaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos provocaron que el asunto llegara a esa instancia, que en el último trimestre de este año analizará el caso. Es primera vez que se toman como objeto de análisis las declaraciones públicas de Peña Nieto para investigarlo.

- Gloria Leticia Diaz

Las declaraciones emitidas por el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, y de miembros de su gabinete para descalificar a las víctimas de graves abusos cometidos contra la población durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco fueron determinantes para evitar que prosperara el litigio seguido por 11 mujeres que denunciaron tortura sexual.

Sin embargo, esa situación –los agravios contra los atenquenses, sobre todo contra las mujeres cuyas garantías individuales fueron conculcadas– es merecedora de “medidas administrativas, disciplinarias o penales”, insiste la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que remitió el caso a la Corte Interamericana luego de que el Estado mexicano se negara a atender las recomendaciones formuladas en octubre de 2015.

En el último trimestre de este año, el organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) analizará el discurso político de altos funcionarios como factor de “denegación de justicia” en los casos de Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, quienes durante 11 años no han cejado en exigir sanción a los responsables materiales e intelectuales de los tres niveles de gobierno, incluida la cadena de mando.