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Brindis Por El Saqueo De Pemex
Revista Proceso
|April 30, 2017
En febrero pasado se presentó ante la Secretaría de la Función Pública una denuncia contra Rosario Brindis Álvarez, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de Pemex por presunto tráfico de influencias en favor de la firma en la que trabaja su esposo, Alberto Ríos Treviño, quien se adjudicó un contrato millonario superior a los 567 millones de pesos, la mayor sangría que ha experimentado la empresa petrolera.
Sobre Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos, pesa el señalamiento de haber recibido un soborno por 5 millones de dólares del conglomerado Odebrecht en noviembre de 2014, aunque las denuncias sobre corrupción también implican a otros directivos de la petrolera con otros proveedores.
Uno de ellos es Rosario Brindis Álvarez, titular de la Unidad de Enlace Legislativo de Pemex y diputada federal por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el trienio 2009-2012. Brindis tiene una denuncia por operar en beneficio de su esposo, Alberto Ríos Treviño, quien como representante de una compañía internacional se adjudicó un contrato por 567 millones 438 mil 750 pesos (43.65 millones de dólares, según el tipo de cambio vigente cuando se firmó el documento) por nueve meses de servicio.
Trasladado al tipo de cambio de diciembre de 2015, que fue cuando a la empresa que representa Ríos Treviño se le asignó de manera “directa” el contrato, los 5 millones de dólares que presuntamente recibió Lozoya palidecen ante los 43.65 millones de dólares del valor de dicho acuerdo por el servicio de un hotel flotante para los mares de la sonda de Campeche.
Todo lo anterior forma parte de la denuncia que el pasado 9 de febrero recibió la Secretaría de la Función Pública (SFP), con copia para la Dirección General de la Unidad de Control de Gestión e Información de Pemex. La querella consta de 16 anexos con documentos oficiales y oficios intercambiados entre funcionarios de Pemex y la empresa beneficiada, y también fue entregada a la Cámara de Diputados, el Senado y las secretarías de Energía y de Gobernación, además de la Presidencia de la República.
This story is from the April 30, 2017 edition of Revista Proceso.
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