La denuncia contra Nicolás Maduro que la FGR

Hace más de un año ONG venezolanas presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República para que se investigara el uso de dinero público de Venezuela en la compra de alimentos con sobreprecios en México y posible lavado de dinero. La demanda, que no se había hecho pública y a la cual Proceso tuvo acceso, calcula que lo defraudado podría ascender a 300 millones de dólares. La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, no ha ofrecido explicación alguna de su inacción, aunque sabe que la falta de una respuesta viola el artículo octavo constitucional.

- RAFAEL CRODA

Gertz Manero. Silencio Foto: Montserrat López

Una denuncia de hechos de carácter penal, presentada hace más de un año ante la Fiscalía General de la República (FGR), por un caso de corrupción y de probable lavado de dinero que involucra al chavista Nicolás Maduro y a su testaferro Alex Saab (actual ministro de Industria y Producción de Venezuela) permanece, hasta hoy, sin respuesta.

Autores de la demanda, desconocida públicamente hasta ahora y a la cual Proceso tuvo acceso, denuncian que la institución ministerial a cargo de Alejandro Gertz Manero no ha ofrecido explicación alguna de su inacción y que la falta de una respuesta viola el artículo octavo constitucional.

En abril de 2024 organizaciones civiles venezolanas acudieron a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) de la FGR para solicitar una investigación sobre el uso de dinero público venezolano en la compra en México de alimentos con sobreprecios.

Los productos, que además eran de baja calidad y en algunos casos estaban en mal estado, fueron destinados al programa CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), lanzado en 2016 por Maduro para atender la crisis alimentaria en Venezuela.

La denuncia, firmada por la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, y por el representante de la ONG Provea, Óscar Murillo, calcula que el monto defraudado asciende, al menos, a 140 millones de dólares, una cifra conservadora si se compara con una investigación de diputados opositores venezolanos de 2020 que calcula los sobreprecios en más de 300 millones de dólares.