Muro burocrático de la Semarnat da impulso a termoeléctrica privada en Jalisco

Pobladores de El Salto y Juanacatlán demandaron a la Semarnat porque les ha negado su derecho a la participación y acceso a la información sobre la construcción de una termoeléctrica privada, El Salto 1, en una zona declarada de fragilidad ambiental, privilegiando así intereses de la industria sobre los derechos humanos, como el de la salud, y aire y agua limpios.

- ELIZABETH RIVERA AVELAR

La planta operaría quemando gas fósil, por lo que los habitantes temen que se afecte severamente la calidad del aire, además de los riesgos de explosión en una zona contigua a fraccionamientos de alta densidad poblacional.

GUADALAJARA, Jal.- Tras décadas de afectaciones por la contaminación industrial, pobladores de los municipios de El Salto y Juanacatlán emprendieron acciones legales contra la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a la que acusan de negarles indebidamente una consulta pública ante un nuevo megaproyecto, el de la termoeléctrica privada El Salto 1, que se pretende ubicar en esta zona declarada de fragilidad ambiental.

El proyecto de la termoeléctrica de ciclo combinado, nombrada El Salto 1 y propiedad de Ad Astra Energía, SAPI de CV, del Grupo Vaz, está ligado a las transnacionales Anschutz Co. (de hidrocarburos) y Sprint Co. (de telecomunicaciones). Se pretende que esté sobre la carretera a La Capilla en la colonia El Conique, en una superficie 107 mil 873 metros cuadrados, a sólo cuatro kilómetros de la cabecera municipal de El Salto y a seis kilómetros de la de Juanacatlán.

Integrantes de la organización Un Salto de Vida solicitaron el 23 de mayo de 2025 ante la Semarnat una consulta pública sobre la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) con clave 14JA2025E0043, ingresada para la construcción de la termoeléctrica.

La solicitud fue rechazada por la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Semarnat el 18 de junio último.

Las comunidades de El Salto y Juanacatlán, Jalisco, denunciaron que con “artimañas burocráticas y unilaterales” les negaron su derecho a la participación y al acceso a la información. Esto les impidió expresar su punto de vista sobre el proyecto termoeléctrico de la planta de 554 megavatios, que se abastecería del gasoducto Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara, que conduce gas metano extraído con fracking desde Texas, Estados Unidos.