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MASACRE DE ALLENDE UNA TORMENTOSA ESPERA DE JUSTICIA Y REPARACIÓN

Revista Proceso

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December 11, 2022

Casi 13 años después de la masacre en Allende, Coahuila –donde Los Zetas mataron o desaparecieron a cientos de personas con la complicidad de policías municipales y la omisión del Ejército y fuerzas estatales y federales–, los familiares de las víctimas bregan por justicia. Al horror de la violencia extrema y la pérdida de sus seres queridos, han enfrentado un tortuoso proceso burocrático que los revictimiza. Pese a las promesas del gobierno, la investigación para esclarecer los hechos y buscar a los desaparecidos no avanza y el proceso para reparar los daños se encuentra totalmente paralizado.

- ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

MASACRE DE ALLENDE UNA TORMENTOSA ESPERA DE JUSTICIA Y REPARACIÓN

La reparación integral del daño a las víctimas de la llamada “Masacre de Allende” –compromiso del Estado reivindicado por la Secretaría de Gobernación en diferentes oportunidades desde 2019– per manece incumplido. Más aún, ante las peticiones de explicación, la dependencia no ofrece respuestas y ni siquiera admite el carácter de defensores a un grupo de abogados derechohumanistas que intenta representar formalmente a las víctimas en esta causa.

El pasado 5 de octubre, tres de las víctimas del oscuro episodio hicieron llegar a la Subsecretaría de Derechos Humanos, que encabeza Alejandro Encinas, una misiva en la que se dicen extrañadas por el incumplimiento.

En la carta, Yuliana López Ibarra, Mónica Garza Villarreal y Silvia Garza Villarreal recuerdan que tanto el propio Encinas como Olga Sánchez Cordero, cuando era secretaria de Gobernación, se comprometieron públicamente a cumplir la recomendación 10, por violaciones graves a los derechos humanos (10VG/2018), emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La recomendación se refiere a un suceso oscuro en el que oficialmente se reconoce la desaparición de 49 personas el 18 de marzo de 2011 en Allende y otros municipios de las regiones Cinco Manantiales y Frontera, ubicados en el norte de Coahuila. Las víctimas y defensores de derechos humanos sostienen que fueron más de 300 personas las desaparecidas ese día y varios posteriores.

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