Entre amigos, la fiscalización de recursos en la Sedena y la Semar

Con la tolerancia de la Secretaría de la Función Pública de gobiernos anteriores y el del actual, las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina realizan una fiscalización de sus recursos que carece de imparcialidad, pues los titulares de sus Órganos Internos de Control no son civiles, como lo mandata la ley. “Los titulares de estas oficinas de vigilancia omiten sus rangos militares cuando firman documentos oficiales, para hacerse pasar por civiles”, denuncia en entrevista el teniente coronel Eduardo Navarrete Montes.

- PATRICIA DAVILA

Las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina (Semar) carecen de una real fiscalización de los recursos públicos que manejan.

Violando la Ley Orgánica de la Secretaría de la Función Pública (SFP), de las instituciones armadas provienen los titulares del Órgano Interno de Control (OIC), cuando por ley el encargado de dicha fiscalización debe ser una persona ajena a las instituciones o dependencias para garantizar imparcialidad.

Sin embargo, la violación de dicha ley ha sido tolerada “tácita e indebidamente” durante años por la SFP, cuya titular en la 4T, Irma Eréndira Sandoval, tampoco ha dado muestras de que intentará corregir a la Semar y a la Sedena para que se ajusten a la ley, denuncia el teniente coronel Eduardo Navarrete Montes, maestro en amparo por el Instituto Tecnológico Superior de Sinaloa y abogado postulante en materia penal, disciplinaria, administrativa y de seguridad social de las Fuerzas Armadas.

Documentos obtenidos por Proceso revelan que pertenecen al Ejército y a la Marina quienes se desempeñan como inspectores y contralores generales en ambas instituciones. En el caso de la Sedena, quien firma como titular de la OIC lo hace sin su grado militar.

En el oficio AQ 8025, que obra en el expediente 2018/SEDENA/DE864, André Georges Foullon Van Lissum, general de división Diplomado de Estado Mayor, responde como titular del OIC de la Sedena a un cabo de infantería que denunció presuntas irregularidades administrativas, cometidas por servidores públicos adscritos a la Sedena.