El sospechoso “Sí” a Sempra en Ensenada

El inminente arranque de la construcción de la planta de licuefacción de gas en Ensenada por parte de Energía Costa Azul, filial de Sempra, es producto de dos años de negociación entre el gobierno mexicano y la procesadora energética estadunidense. Pero no todos ganan en este arreglo, que deja atrás una consulta popular señalada de manipulación, contratos del sexenio anterior incumplidos y serias advertencias sobre los riesgos de ese tipo de plantas en el entorno natural y urbano.

- JESUSA CERVANTES

Luego de dos años de jaloneo y negociación, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregará a Sempra el permiso de exportación de gas natural licuado con el que la empresa estadunidense arrancará la ampliación de su planta en Ensenada, Baja California.

A cambio, Sempra comprará parte de los excedentes de gas que tiene el país y que la administración de Enrique Peña Nieto contrató por los siguientes 20 años, sin que México lo necesitara.

La última negociación, en la que se definirá el precio al que Sempra adquirirá ese gas, la lleva Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien a la par continúa con la negociación de los contratos cancelados por la construcción y operación de ductos.

Ya con el permiso, Sempra y su filial Energía Costa Azul construirán en Ensenada una planta de licuefacción para vender gas líquido a Japón y otros países asiáticos, convirtiendo así al estado en un trampolín para sus ventas.

Los permisos para instalar la planta le fueron entregados a Sempra por el anterior gobierno, excepto el de exportación “porque ya no les dio tiempo”, refiere una fuente de la Secretaría de Energía (Sener).

La misma fuente confirma que la amenaza de recurrir a una demanda internacional estuvo sobre la mesa durante los dos años de negociación. Para zanjar el conflicto, la Sener condicionó los últimos papeleos a la consulta popular entre los habitantes de Ensenada, ya que las nuevas leyes mexicanas la obligan a ello.