El error en la auditoría del aeropuerto ocultó otras graves anomalías

Cuando el titular de la ASF, David Colmenares, admitió que se cometió un error en el informe 1394-DE acerca del costo de cancelar el NAIM (que rebasaría el triple de los 100 mil millones anunciados por el gobierno federal), la oposición y la prensa –que destacó esa cifra el fin de semana pasado– desacreditaron su labor, mientras que el presidente López Obrador seguía acusándolo de “prestarse a campañas” de sus “adversarios”. De esa forma pasaron inadvertidas otras importantes observaciones de la ASF sobre irregularidades, inconsistencias y opacidades en otros megaproyectos federales como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, las Universidades Benito Juárez y la operación de los Servidores de la Nación.

- MATHIEU TOURLIERE

El desastre de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y su titular, David Colmenares Páramo, respecto al costo de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) estropeó los hallazgos del organismo fiscalizador sobre las deficiencias profundas en el diseño y la operación de las iniciativas más importantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador durante el primer año del sexenio.

En las decenas de miles de hojas de informes publicados el pasado sábado 20, la ASF documentó problemas de fondo en el primer año de operación del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles (AIGFA) y el Corredor Interoceánico; también detectó inconsistencias en la gestión de los Servidores de la Nación y del Censo de Bienestar, así como en la operación de Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro o las Universidades para el Bienestar Benito Juárez.

Ese día la ASF realizó la tercera y última entrega de informes de auditoría de la Cuenta Pública 2019. Con la publicación de 871 nuevos reportes, el organismo dirigido por Colmenares observó presuntas irregularidades en el gasto público por 67 mil 498 millones de pesos –principalmente en las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Agricultura y Desarrollo Rural y de Bienestar–, e integró mil 439 expedientes de presunta responsabilidad administrativa.