La fragilidad fiscal costarricense

SI BIEN SE ESPERABA UN ESCENARIO MÁS TRANQUILO POR LA APROBACIÓN DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO A LAS FINANZAS PÚBLICAS, LAS ARCAS DEL PAÍS TODAVÍA ESTÁN EN ALERTA.

- Luis Solís

A principios de año, Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda de Costa Rica, presentó los números finales del ejercicio del 2019. Tras la entrada en vigor del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y algunas medidas de ahorro de gasto estipuladas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la proyección del Programa Macroeconómico publicado por el Banco Central de Costa Rica era que el déficit fiscal cerraría en 6,2% del PIB. No obstante, se situó en 6,96% del PIB, el monto más alto en 36 años.

Las cifras dadas a conocer indican que la recaudación por el IVA creció un 23,01% con respecto al impuesto de ventas en 2018, pues alcanzó cerca de los US$1.980 millones (2,64% del PIB). Asimismo, el aumento interanual de la recaudación por el impuesto a la renta de las personas jurídicas fue de 15,60% y representó más de US$2.190 millones (2,92% del PIB), mientras que el del impuesto a la renta de las personas físicas llegó a 11,85% al registrar más de US$1.117 millones (1,49% del PIB). En cuanto al déficit financiero, el Gobierno destinó un 28,33% de los ingresos a la atención de los intereses de la deuda. Chaves enfatizó que la carga por intereses es la responsable de un déficit fiscal tan alto.

El camino trazado por Hacienda

Ante tal panorama, el Ministerio de Hacienda diseñó un programa basado en cuatro ejes: reducción de la evasión fiscal, reducción del gasto público, reemplazo de deuda cara y hacer pagos extraordinarios a la deuda.