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Los secretos de la 4T para financiar la simulación en la elección judicial
Revista Proceso
|September 2025
La maquinaria electoral de la 4T intensificó su actividad dos semanas antes de los comicios del Poder Judicial.
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No sólo aceitó con recursos presuntamente de la Secretaría de Bienestar federal la impresión de acordeones, también se hicieron pagos con cheques de la Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México para activar a sus coordinadores territoriales y responsables seccionales en la distribución de los impresos. La Operación Acordeón se complementó con algoritmos para decidir a quienes presidirán la Suprema Corte en los próximos años. El modus operandi fue descrito en las denuncias que desechó el Tribunal Electoral y fue corroborado por Proceso con documentos y operadores de Morena.
Documentos, testimonios, fotografías y videos sobre la Operación Acordeón fueron parte de las pruebas que desechó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para validar las elecciones del nuevo Poder Judicial de México.
Entre las pruebas documentales destacan un contrato de impresión de la Secretaría de Bienestar federal con la compañía Impresores en Offset y Serigrafía, así como copias de cheques por ocho mil pesos de la Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México pagados a operadores morenistas para distribuir los acordeones que contenían el nombre y lugar de elección de quienes finalmente ganaron en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El objetivo del contrato de impresión fue oficialmente la elaboración de folletos para promover programas sociales, en momentos en que la Secretaría de Bienestar estaba impedida constitucional y legalmente de hacerlo.
La sola existencia de ambos registros (el contrato y los cheques) viola al menos tres artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE): 213 y 251 (sobre encuestas y sondeos de opinión, y referente al periodo de veda, suspensión de propaganda y campañas, respectivamente), y el 449 (infracciones en materia electoral cometidas por autoridades y servidores públicos).
Esta historia es de la edición September 2025 de Revista Proceso.
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