Regresión democrática en una Constituyente de facto

Sin extender su mandato ni convocar a una Asamblea Constituyente, Andrés Manuel López Obrador logró que su Plan C se convirtiera en norma constitucional. Un año después de dejar el poder, su proyecto político avanza bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, con implicaciones profundas para el equilibrio institucional del país. Venezuela, Bolivia y Ecuador también realizaron procesos constituyentes, pero no implicaron retrocesos tan profundos como en México, advierten académicos y politólogos.

- RAFAEL CRODA

Un año después de concluir su gobierno, el expresidente Andrés Manuel López Obrador puede ufanarse de que su Plan C es ya, en sus puntos medulares, letra constitucional.

Y esto lo hizo sin necesidad de convocar a un proceso constituyente, como lo han hecho otros mandatarios latinoamericanos decididos a cambiar el régimen político de sus países. Y lo hizo, también, sin necesidad de extender su mandato.

Sólo le bastó dejar escrito el guion de su proyecto transexenal, el Plan C, que la presidenta Claudia Sheinbaum y el Legislativo -donde Morena y sus aliados tienen mayoría calificada, lo que les permite modificar la Constitución- han seguido al pie de la letra desdeñando a la oposición política, a la academia y a la sociedad civil.

López Obrador mostró el camino en septiembre de 2024, su último mes de gobierno, cuando en 15 días, ya con una nueva Legislatura en funciones, sacó adelante la reforma judicial que le habría de dar a Morena el control del Poder Judicial en las elecciones de junio de este año, las cuales estuvieron marcadas por los famosos "acordeones" para "orientar" a los votantes.

Antes de entregar el poder presidencial a Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre de 2024, el líder moral de Morena también dejó lista la reforma constitucional que integró formalmente la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que selló la militarización de la seguridad pública.

Lo que siguió después, ya en el gobierno de Sheinbaum, ha sido la implementación expedita de los puntos de gran calado del Plan C, como la extinción de los organismos autónomos, la redefinición del control estatal en empresas estratégicas y la ampliación de la prisión preventiva oficiosa.

También, la aprobación de las leyes secundarias de las reformas judicial y de la Guardia Nacional.

Desde su finca en Palenque, López Obrador ha visto cómo sus principales postulados políticos ya adquirieron rango constitucional.