REFORMA PARA ACOTAR AL TRIBUNAL ELECTORAL, "NO VA" ANTE "EL REPUDIO”, LA "PARTIDOCRACIA" RECULA

Ninguno de los partidos quiso pagar el costo político de acotar al Tribunal Electoral. Ante el repudio social y la rebelión de diputados, las dirigencias echaron para atrás la reforma que limita la competencia de este órgano en asuntos internos de partidos -y evitar así sanciones-, y que le impide su intervención en casos de violaciones a los derechos electorales de minorías. Aunque Morena, sus aliados y el PRI mantienen la esperanza de aprobar una modificación constitucional con "agregados" consensuados, el tiempo se agota ante el arranque del proceso electoral 2023-2024. El panista Santiago Creel no tiene dudas: "Hay un acuerdo en que la reforma no va y punto".

- JERÓNIMO D. GALVÁN

Cámara de Diputados. Marcha atrás

Ningún partido político en la Cámara de Diputados parece dispuesto a recibir el golpe del repudio social que ha generado la propuesta con la que buscaban ‘limitar’ al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en decisiones que, acusan, han invadido atribuciones del Poder Legislativo.

Pese al optimismo que mostraban sobre la reforma a los artículos 41, 73, 99 y 105 de la Constitución, a principios de abril, los coordinadores de seis de los siete grupos parlamentarios de San Lázaro cedieron a los señalamientos desde la sociedad civil sobre el daño que estos cambios generarían a los derechos políticos de las minorías.

Solamente Movimiento Ciudadano había manifestado su preocupación y rechazo a la propuesta elaborada desde la Junta de Coordinación Política que, según advirtió en redes sociales el diputado Jorge Álvarez Máynez, “iba a dar un golpe mortal al Tribunal Electoral”.

La bancada naranja acusó que la “partidocracia” pretendía acotar la competencia de los magistrados electorales en asuntos internos de partidos y evitar así sus sanciones. Pero lo más grave, indicó, era el riesgo de impedir al Tribunal y al Instituto Nacional Electoral (INE) intervenir en caso de violaciones a los derechos político-electorales de minorías, como migrantes y pueblos originarios, además de obstaculizar la observancia de la paridad de género.