SAN LUIS POTOSÍ ANTICORRUPCIÓN SIMULADA

La aprehensión de Mónica Rangel, quien bajo la bandera de Morena le disputó la gubernatura de San Luis Potosí a Ricardo Gallardo Cardona, sería una oportunidad para mostrar que el combate a la corrupción en el estado va en serio. Sin embargo, organizaciones civiles y opositores señalan que en realidad se trata de una aplicación selectiva de la justicia que ni siquiera atiende todos los señalamientos contra Rangel, mucho menos aquellos que se han hecho contra el gobernador y su padre.

- VICTORIANO MARTÍNEZ

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- La carrera de la doctora Mónica Rangel Martínez por la gubernatura de San Luis Potosí comenzó en 2019, mientras estaba al frente de los Servicios de Salud del Estado (SSE), precisamente cuando las irregularidades detectadas en la cuenta pública de esa dependencia se incrementaron 206 veces en relación con el año anterior.

Hoy la exfuncionaria está presa.

De 2016 a 2018 la Auditoría Superior del Estado le observó anomalías por 10 millones 223 mil 386 pesos, en tanto que sólo para 2019 registró 32 veces más observaciones por aplicación irregular de recursos: 330 millones 78 mil 959 pesos.

Pero su detención está cargada también de un fuerte tufo político.

La aprehensión de Rangel se dio a dos días de la jornada de votación por el proceso de revocación de mandato, cuando el PVEM, partido del gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, presumió en un comunicado que “el gran promotor de la participación ciudadana en la consulta para la revocación de mandato fue el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ante la ino perancia de Morena local” en el estado. La acusación imputada a la excandidata por Morena incluye los delitos de fraude, asociación delictuosa y uso indebido de la función, junto con tres involucrados más: dos representantes de una empresa regiomontana y una empleada de los SSE.