Campeche Un festín de contratos que indigesta a Sansores

Desde la gubernatura de Campeche, Layda Sansores San Román abre un frente contra el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el exgobernador Carlos Aysa González. De acuerdo con la mandataria, ambos deben responder por las anomalías e irregularidades detectadas en el proyecto millonario para la edificación de la ciudad administrativa que ha beneficiado a constructoras consentidas y a personajes cercanos al anterior gobierno, vía adjudicaciones directas e “invitaciones”. Incluso, el complejo administrativo –que quedó a medias– se erigió en terrenos de un empresario que ahora resulta ser el dueño, pues la donación de éstos no se concretó.

- ROSA SANTANA

Ciudad Administrativa de Campeche. Red de anomalías

CAMPECHE, CAMP.- Como sustituto de Alejandro Moreno Cárdenas en la gubernatura, Carlos Miguel Aysa González quiso dejar rastro de su circunstancial entronización (de 27 me ses), con la construcción de una faraónica ciudad administrativa.

Sin embargo, la obra que costó 790 millones de pesos sólo en su primera etapa, quedó a medias y ya se perfila como un monumento a la corrupción, debido a la cadena de irregularidades con la cual se cimentó.

El caso fue expuesto por la gobernadora Layda Sansores San Román durante dos emisiones del programa televisivo gubernamental Martes del Jaguar, en el cual la mandataria aparece semanalmente para hablarle a la ciudadanía sobre los temas de gobierno.

Por ahora, el caso se ha limitado a la denuncia pública de la gobernadora, pues, explicó, definirá si proceden las denuncias penales una vez que se tengan las conclusiones de las auditorías sobre el proyecto de Aysa González.

Además, el gobierno estatal aún negocia con la familia propietaria del lugar donde fue asentada la ciudad administrativa.

En principio, el complejo de estilo industrial –cemento, metal y vidrio– se erigió en terrenos del empresario Francisco Castilla Goytia, quien por ello resulta ser el verdadero dueño de la nave guber- namental, pues, aunque se informó que donaría al gobierno del estado ocho hectáreas, la administración saliente no concluyó los trámites y venció el plazo acordado entre las partes en el contrato de compromiso.