Tren Maya la ONU pide transparencia y respeto a los derechos indígenas
Revista Proceso|November 22, 2020
Varios relatores especiales de Naciones Unidas enviaron al gobierno de México un documento en el que exponen su “grave preocupación” por los eventuales efectos negativos de la construcción del Tren Maya en las comunidades indígenas. Señalan, entre otros aspectos, que los estudios de impacto ambiental son inadecuados, que la consulta a los pobladores no cumplió con los estándares internacionales y que los activistas que se oponen al megaproyecto son objeto de ataques. Cuestionan además la participación de las Fuerzas Armadas en la realización de esta obra en territorios indígenas, lo que, advierten, puede derivar en violaciones a los derechos humanos.
Por Gabriela Sotomayor

Consulta. Anomalías

Relatores especiales de la ONU expresan su “grave preocupación por los posibles impactos del llamado Proyecto de Desarrollo Tren Maya para las comunidades indígenas, que podrían verse afectadas en sus derechos territoriales, su derecho a no ser desalojadas y su derecho a la salud, entre otros, en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo’’.

En un documento enviado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al que este semanario tuvo acceso, señalan: “Nos preocupa además la información que indica que el estudio de impacto ambiental haya sido inadecuado, conllevando riesgos de daños ambientales por las actividades del Proyecto de Desarrollo Tren Maya causados por la contaminación e impactos negativos a la biodiversidad y el agua”.

Y recalcan: “Se recuerda que los procesos de consulta indígena deben asegurar la debida representatividad de los pueblos y comunidades indígenas”.

Si no se cumplió el requisito de obtener el consentimiento previo, libre e informado de pueblos indígenas de la región para el proyecto, además de violar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el gobierno puede haber incurrido en violación de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros tratados signados por México.

Firman el documento los relatores especiales José Francisco Cali Tzay, en materia de derechos de los pueblos indígenas; David R. Boyd, sobre el disfrute de un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible; Balakrishnan Rajagopal, para una vivienda adecuada; y Mary Lawlor, sobre la situación de los defensores de derechos humanos.

También lo suscriben Cecilia Jimenez-Damary, relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, y Clement Nyaletsossi Voule, sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación.

En su documento, los expertos de la ONU cuestionan:

“El 17 de abril de 2020, el presidente de la República anunció que los tramos del proyecto ferrocarril del Tren Maya que van de Tulum, Quintana Roo, a Escárcega, Campeche, cruzando la Reserva de la Biosfera de Calakmul serán construídos por la Secretaría de la Defensa Nacional. Al respecto habría preocupación y dudas sobre la pertinencia de la participación de las Fuerzas Armadas en una obra pública que no es de emergencia.”

De plano acusan que el “uso de los militares para tareas de orden civil en territorios indígenas ha significado mayores violaciones a derechos humanos” y piden explicar esa decisión, tomando en consideración el artículo 30 de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que establece:

“No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado.

“Los Estados celebrarán consultas eficaces con los pueblos indígenas interesados, por los procedimientos apropiados y en particular por medio de sus instituciones representativas, antes de utilizar sus tierras o territorios para actividades militares.”

En vista de ello, los relatores urgen al gobierno mexicano a informarles sobre “las medidas previstas” para realizar estudios de impacto social, cultural, ambiental y de derechos humanos, así como la forma en que se asegura que sean independientes e imparciales y que en ellos participen las comunidades indígenas; todo ello “de acuerdo a los objetivos y estándares internacionales relativos a los derechos de los pueblos indígenas”.

“En particular”, pretenden conocer “la metodología… para desarrollar tales procesos de consulta, su alcance y objetivo, así como… para asegurar que la información será accesible” a las comunidades.

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