Se le acumulan los cargos al gobernador de Tamaulipas
Revista Proceso|February 28, 2021
El tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca ha sido acusado de comisión de presuntos delitos por delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal equiparada y huachicoleo. Y aun cuando él se dice inocente, la Fiscalía General de la República pidió su desafuero y espera el aval para juzgarlo. A estos ilícitos se suma el multihomicidio del pasado 22 de enero en Camargo, que implica a los integrantes del Grupo de Operaciones Especiales... que él creó para combatir la delincuencia organizada.
ALEJANDRO CABALLERO

Al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se le acumulan los litigios vinculados con el crimen organizado y la corrupción, cuando en el calendario de su entidad aún le quedan 19 meses a su gobierno.

El más reciente de ellos es la petición de desafuero en su contra solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) ante la probable comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Pero también pesa sobre su administración la masacre en el poblado Santa Anita del municipio fronterizo de Camargo, donde el pasado 22 de enero fueron asesinadas 19 personas, 17 de ellas de nacionalidad guatemalteca, presuntamente por policías tamaulipecos que pertenecen al llamado Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), creado por el gobernador “para combatir al crimen organizado”.

Pendiente de desenlace también está su probable participación en la investigación contra el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en la que ha sido señalado de recibir sobornos millonarios para aprobar en 2013 la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

La más reciente denuncia que involucra a García Cabeza de Vaca es sobre la existencia de una red de contrabando de combustible en la frontera norte de Tamaulipas.

El desafuero

El martes 23 la FGR presentó en la Cámara de Diputados la solicitud de procedencia contra García Cabeza de Vaca, misma que fue ratificada el viernes 26.

Acompañados de seis cajas de cartón en cuyo interior se encuentra toda la documentación que ampara el litigio y que fue necesario transportar en diablitos, los funcionarios de la FGR confirmaron la petición de desafuero.

Desde la mañana del miércoles 24, el gobernador de Tamaulipas reaccionó. Anunció que viajaría a la Ciudad de México para acudir a la Cámara de Diputados y ser notificado de la denuncia.

En conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, informó que entregó un oficio a la secretaria general de San Lázaro, Graciela Báez Reséndez, en la que señala que solicitó a la FGR, con fechas del 19 de agosto de 2020 y del 5 de febrero de 2021, se le citara para comparecer en la o las carpetas de investigación que se le hubieran podido iniciar, a fin de ejercer su derecho fundamental de defensa.

“Mis peticiones nunca fueron atendidas favorablemente, ya que hasta la fecha no se me ha enterado de las imputaciones en mi contra, ni se me ha permitido comparecer en la o las carpetas de investigación iniciadas, para ejercer mi derecho a defenderme.

“Lo anterior constituye una grave violación a mis derechos humanos de debido proceso, defensa adecuada y presunción de inocencia, ya que no se me permite conocer las imputaciones en mi contra, defenderme de ellas y ofrecer datos de prueba para acreditar mi inocencia.”

Y estimó que las denuncias “que hoy en día se están presentando a la Cámara de Diputados, no son producto de la casualidad, son producto de una persecución política directamente de Palacio Nacional”.

Una vez ratificada la solicitud de procedencia contra García Cabeza de Vaca, la sección instructora, que encabeza el diputado morenista Pablo Gómez Álvarez, tiene tres días para notificar al inculpado, al que se le da un plazo de siete días para que responda a lo que el Ministerio Público plantea en su solicitud de desafuero.

Cumplidos esos siete días naturales se abren otros 30 para el desahogo de pruebas por ambas partes.

Después de esos 30 días la comisión instructora elabora un proyecto, mismo que presenta al pleno de la Cámara de Diputados. Enseguida participan la FGR y el inculpado y se abre un espacio para réplica del Ministerio Público y una contrarréplica del inculpado.

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