Las armas de alto poder que fueron usadas el 26 de junio de 2020 en el ataque del Cártel de Jalisco Nueva Generación contra del secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, fueron introducidas ilegalmente por la porosa frontera entre México y Estados Unidos. De los más de 400 disparos, tres hirieron al funcionario y uno impactó en la cabeza a Gabriela Gómez, una joven de 26 años que pasaba por ahí cuando iba al trabajo. El ataque del grupo criminal en la capital del país con armas de guerra dejó a dos pequeñas sin mamá.
Se trató de tres rifles Barrett para francotirador calibre .50, de uso militar; dos pistolas Smith & Wesson 9 milímetros y otra 5.56 mm; un rifle calibre 5.56 marca Ruger y un fusil Colt calibre 5.56.
Ximena García, subdirectora de Litigios III en la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dice que el caso de Gabriela Gómez ejemplifica por qué la demanda civil del gobierno de México contra las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos tiene también un enfoque de género y busca denunciar que las armas ilegales que llegan al territorio afectan y acaban con la vida de las mujeres tanto en el espacio público como privado.
“Fue con uso de fusiles Barrett, que son los que derriban helicópteros, y las cifras del incidente son terribles, se dispararon cientos de balas, afectó a esta mujer y dejó a dos niños huérfanos, la familia tiene una situación extremadamente marginada. Es un caso paradigmático”, dice la internacionalista por el Colegio de México y la Universidad China de Asuntos Exteriores.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, es la cara visible de la demanda; de hecho el pasado 14 de enero fue seleccionado como Persona del Año 2021 por la Arms Control Association de Estados Unidos.
Pero en el sexto piso de la Cancillería trabaja un equipo jurídico mixto para ganar este litigio, y las mujeres de este grupo han empujado para imprimirle un enfoque desde la perspectiva de género.
La demanda se presentó el 4 de agosto ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts, un día después del aniversario del ataque contra mexicanos por parte de un supremacista blanco en un Walmart en El Paso, Texas. Las demandadas presentaron una réplica conjunta el 22 de noviembre y ahora México está por presentar su derecho de réplica el próximo 31 de enero.
Wilma Gandoy, directora de Litigios III, dice que las armas de fuego que las compañías demandadas fabrican y comercializan sin monitoreo y controles son usadas para asesinar a mujeres, pero también a sus esposos, hijos y hermanos. Además, en el espacio privado son utilizadas para el sometimiento de las mujeres.
“Lo que naturalmente tiene una carga en cuanto a los cuidados, en cuanto hacerse cargo de la familia que se queda”, opina la también internacionalista del Tecnológico de Monterrey.
“Pero además un arma cambia la interacción de poder, las relaciones interpersonales. Una discusión entre una pareja no es igual si tú sabes que el otro tiene un arma”, añade Gandoy.
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