PUEBLA, PUE.- Tras ocho años de pleitos en juzgados, el caso por el presunto desfalco de la Fundación Mary Street Jenkins dio pie a que el gobierno de Puebla, encabezado por Miguel Barbo sa Huerta, nombrara a un nuevo patronato no sólo de esa institución, sino también en la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
En un hecho sin precedente, la mañana del 29 de junio actuarios del Poder Judicial del Estado, con el respaldo de decenas de granaderos armados, ingresaron al campus de la universidad privada para dar posesión a un nuevo patronato nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP), órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación del Estado.
Desde ese día el control de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, una de las mejor colocadas en el ranking de universidades del país, así como de su benefactora, la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ), cuyo patrimonio en litigio está valuado en 720 millones de dólares, fue entregado a un mismo patronato formado por personas sin antecedentes públicos en Puebla.
El órgano nombrado por la JCIAP, que hasta ahora no ha dado ninguna explicación sobre el procedimiento que siguió para elegir a los patronos, está presidido por Horacio Magaña Martínez, cuyo nombre no arroja ningún resultado en internet y de quien se desconoce su experiencia académica u otro antecedente sobre su vida profesional.
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Voz y lengua indígenas, en su universidad
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