El de datos biometricos, un padrón que causa desconfianza
Revista Proceso|May 02, 2021
Con objetivos similares a los del padrón que intentó el gobierno de Felipe Calderón –frenar extorsiones y secuestros–, el del presidente Andrés Manuel López Obrador se enfila a aplicar un registro de datos biométricos para los usuarios de telefonía celular. La polémica tiene su raíz en que la información recabada en iniciativas anteriores, como la del sexenio calderonista, terminó vendida en el mercado negro. Además, uno de los defensores de la extracción de datos biométricos, Ricardo Mejía Berdeja, fue multado en 2016 por la filtración del padrón electoral en 2010.
NELDY SAN MARTIN

Pese a las advertencias por sus riesgos, el Senado aprobó el 14 de abril último una reforma proveniente de la Cámara de Diputados para crear una base de datos de usuarios de telefo nía móvil, que recordó al fallido Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Renaut) de Felipe Calderón.

El padrón calderonista terminó en el mercado negro y no ayudó a disminuir extorsiones ni secuestros; incluso, ambos delitos aumentaron 40% y 8%, respectivamente, en aquel sexenio.

La actual reedición del Renaut, ahora llamado Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), tiene un componente nuevo y más polémico: la recolección de datos biométricos como huellas dactilares, reconocimiento facial y de iris.

A 15 días de la entrada en vigor del decreto por el que se crea el Panaut, que obliga a los usuarios de telefonía celular a dar su información personal a compañías como Telcel, Movistar y AT&T, para que puedan tener una línea, ya enfrenta obstáculos: una lluvia de amparos de ciudadanos contra la medida, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) no tiene dinero para crear el padrón y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) aprobó por unanimidad presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De acuerdo con la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada en el Congreso, el padrón tiene como “único fin” colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos, como secuestro, fraude y extorsión. Lo mismo que el extinto Renaut.

Para ello, exige a los concesionarios pedir una serie de datos personales a cada usuario de telefonía móvil desde el momento de la adquisición de la línea, que incluyen número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población del titular de la línea y datos biométricos del usuario.

Los usuarios que contrataron previamente su línea telefónica tendrán dos años, a partir de la entrada en vigor del decreto, el 17 de abril pasado, para registrar sus datos, de lo contrario se les cancelará la prestación del servicio sin derecho a reactivación, pago o indemnización.

La base de datos será instalada y operada por el órgano regulador de las telecomunicaciones en el país, el IFT, que resguardará la información personal de los usuarios. Sin especificar a qué instituciones se refiere, la ley indica que las autoridades de “seguridad, de procuración y administración de justicia” podrán tener acceso a esa base de datos.

Protección de la justicia

“Este juez de distrito no advierte una relación de ‘medio a fin’ entre la entrega de datos personales, particularmente los biométricos, como condición para tener o conservar una línea telefónica y la investigación o persecución de los delitos”, expone la primera suspensión definitiva otorgada a un ciudadano contra el padrón de datos biométricos, que el pasado 27 de abril concedió el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa, especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, quien tiene suspendida la Ley Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

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