La LOAPF, Una Ley Humanista, Pero Supercontroladora

La aprobación de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) en San Lázaro durante la madrugada del miércoles 14 dividió las opiniones de las bancadas. Mientras los representantes de Morena hablan de las bondades de la reingeniería integral que proponen Andrés Manuel López Obrador y sus colaboradores, los representantes del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano ponen el acento en la concentración de poder en el próximo mandatario. Todos estarán supeditados a él, considera la priista Dulce María Sauri Riancho, en tanto que la panista Adriana Dávila llega al grado de hablar sobre los supuestos riesgos de una “dictadura”.

- Jesusa Cervantes

El andamiaje administrativo diseñado por Andrés Manuel López Obrador y afinado por la Cámara de Dipu tados contiene medidas radicales cuyo propósitoes apuntalar su proyecto de nación. Con esa reingeniería busca terminar con las cuotas de poder y el uso discrecional del dinero practicado por el priismo y sobre el cual se meció el PAN durante dos sexe nios consecutivos, de 2000 a 2012.

Para la oposición, esas medidas –que apuntan a una concentración de poder en la figura presidencial y sus hombres: Alfonso Durazo Montaño, Gabriel García Hernández, Carlos Urzúa y Julio Scherer Ibarra– presuntamente provocarán choques con las entidades federativas.

La priista diputada Dulce María Sauri Riancho advierte sobre el riesgo de que el país se extravíe en un laberinto que nunca imaginó; en contraste, su colega Adriana Dávila, del PAN, vislumbra un Estado policiaco y un amago de dictadura.

En defensa de la reingeniería administrativa, Dolores Padierna, de Morena, sostiene que la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) –aprobada por mayoría la madrugada del miércoles 14 y que los próximos días se discutirá en el Senado para dar el último toque que reinstala la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana– es “humanista”.

Arguye que se apoya en el artículo primero de la Constitución, cuyo eje es el respeto a los derechos humanos. “No es centralista –abunda–, es quitar una bola de vicios que la administración pública tiene y practica desde hace 80 años”.