En Nayarit, Cientos De Desaparecidos Ante La Indolencia Estatal

La pesadilla nayarita no se acaba ni con la nueva gubernatura. Antonio Echevarría García (PAN-PRD), quien asumió el cargo en septiembre, ha mantenido la fiscalía de justicia que controlaba Édgar Veytia, detenido en marzo en Estados Unidos, acusado de narcotráfico. Y ahí está el problema porque la dependencia sigue trabajando para los cárteles, según las denuncias del Colectivo Familias Unidas por Nayarit, integrado por quienes han perdido a hijos, hermanos y padres durante la oleada de secuestros que no para desde junio último; con sus propios medios, ellos y ellas han empezado a descubrir fosas clandestinas…

- Patricia Davila

Antes de su huida y posterior captura en Estados Unidos en marzo de 2017 bajo cargos de narcotráfico, el exfiscal general de justicia de Nayarit Edgar Veytia traicionó al Cártel de los hermanos Beltrán Leyva al dejar el estado en las garras del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ahora, los estragos de esa alianza salen a la luz pública en forma de restos humanos localizados en fosas clandestinas.

Después de las elecciones estatales, en junio de 2017 se desató una oleada de desapariciones de jóvenes de entre 16 y 35 años en territorio nayarita. Las familias de esas víctimas estiman que desde entonces se acumulan ya 350 casos.

Quienes buscan a sus hijos, hermanos y padres denuncian que elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nayarit están involucrados en los levantones y señalan al gobernador Antonio Echevarría García, quien asumió el cargo en septiembre último, de mantener dicha dependencia tal y como la dejó Veytia.

Los entrevistados recuerdan que el mandatario estatal, en su toma de posesión, prometió detenciones de policías estatales corruptos y una limpia contra las autoridades que saquearon el estado. Ni una cosa ni otra ha ocurrido, aseguran.

Además de la pesadilla que implica para estas familias la desaparición de un hijo o de un hermano, cada vez que van a interponer una denuncia o intentan preguntar por el seguimiento de sus casos, sostienen, deben tolerar las amenazas y otros maltratos de parte de las autoridades.

Algunos padres de familia, quienes prefirieron que se reservara su identidad, aseguran que integrantes de la fiscalía están coludidos con los cárteles que operan en la entidad.