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EL CASO KARLA PONTIGO Un feminicidio que sigue impune

Revista Proceso

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October 04, 2020

El entramado de impunidad que priva en San Luis Potosí no ha detenido a Esperanza Luccioto, quien exige justicia para su hija Karla Pontigo, asesinada hace ocho años en esa entidad. Inmersa en el prolongado confinamiento sanitario, ha sabido lanzar su campaña de solidaridad. Pide que se investigue el caso desde la perspectiva de género –como determinó la Suprema Corte en noviembre de 2019– y se castigue a las autoridades que durante varios años se mostraron negligentes e incluso alteraron las indagatorias.

- GLORIA LETICIA DÍAZ

EL CASO KARLA PONTIGO Un feminicidio que sigue impune

Luccioto. “Me mataron en vida”

La pandemia de covid-19 y el confinamiento obligado no han detenido a Esperanza Luccioto en su exigencia por el cumplimiento de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionada con la muerte de su hija Karla Pontigo, emitida en noviembre del año pasado.

Impedida por el encierro a llevar a cabo movilizaciones para que se “visibilice lo que pasamos las víctimas de feminicidio, porque cuando matan a una hija, una madre, una hermana, matan a toda la familia”, Esperanza Lucciotto utiliza las redes sociales y recurre a videoconferencias en busca del cumplimiento total de la sentencia de la SCJN que ordena a la Fiscalía de San Luis Potosí reiniciar las investigaciones de la muerte de Karla con perspectiva de género.

Karla tenía 22 años cuando la noche del 28 de octubre de 2012 su hermano Luis fue a la discoteca en la que ella trabajaba. La encontró tirada en el suelo desangrándose. La joven falleció la madrugada del día siguiente.

Acompañada por Amnistía Internacional y la Fundación para la Justicia, el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), Esperanza y su familia empujaron para llegar a la verdad y alcanzar justicia sobre lo ocurrido ocho años atrás, luego de una investigación deficiente, hasta lograr que la Primera Sala de la SCJN atrajera el amparo en revisión. El 13 de noviembre de 2019 finalmente se emitió una sentencia que obligaba a rehacer la investigación y llevar ante la justicia a los servidores públicos que omitieron indagar con perspectiva de género.

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