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Vuelven a la palestra los “hackers” rusos

Revista Proceso

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August 09, 2020

La competencia por producir una vacuna contra el coronavirus pone en juego los intereses comerciales y políticos de las potencias europeas y de Estados Unidos. Pero en este juego influyen otros actores que no pertenecen a la diplomacia, la investigación científica o a laboratorios farmacéuticos: son los hackers rusos, ya señalados como vehículos de Moscú para influir en asuntos de otras naciones.

- XAVIER COLAS

Vuelven a la palestra los “hackers” rusos

MOSCÚ.- Una mañana en Oxford, un científico británico abrió un enlace que le llegó en un correo electrónico y que resultó ser la puerta de entrada a un virus enviado por hackers (piratas informáticos) rusos. La semana antepasada, funcionarios estadunidenses informaron que los servicios de inteligencia de Rusia están utilizando tres sitios web en inglés para difundir información (no siempre verídica) sobre la pandemia de coronavirus.

Las vacunas, las elecciones, el referéndum del Brexit… la sombra de la influencia rusa ha vuelto a proyectarse sobre esferas tan dispares como la política o la investigación médica. La tensión no llega a ser tan alta como la de la Guerra Fría, pero aumenta la presión después de que el Reino Unido se sumó a las sanciones contra Rusia por la anexión de Crimea en 2014 y por el intento de asesinato de un exespía ruso (Serguei Skripal) en suelo británico en 2018.

Moscú ha chocado varias veces con Washington y Londres después de que el pasado 16 de julio las agencias de seguridad del Reino Unido, Canadá y Estados Unidos denunciaron que el grupo de hackers APT29 (conocido como Cozy Bear y al que los gobiernos estadunidense y británico relacionan con el SVR, el servicio ruso de inteligencia exterior) habría intentado robar datos sobre el desarrollo de vacunas contra el covid-19, una información que le pertenece a varios centros de investigación de aquellos tres países.

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Hace más de un año ONG venezolanas presentaron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República para que se investigara el uso de dinero público de Venezuela en la compra de alimentos con sobreprecios en México y posible lavado de dinero. La demanda, que no se había hecho pública y a la cual Proceso tuvo acceso, calcula que lo defraudado podría ascender a 300 millones de dólares. La FGR, a cargo de Alejandro Gertz Manero, no ha ofrecido explicación alguna de su inacción, aunque sabe que la falta de una respuesta viola el artículo octavo constitucional.

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