Un paso más hacia la militarización

Con el acuerdo que el presidente López Obrador publicó el lunes 11 para extender hasta 2024 la intervención de militares en la seguridad pública, no sólo revivió las protestas de los defensores de derechos humanos, sino que profundizó los riesgos que entraña la militarización de esas labores. A decir del director del Centro Prodh, Santiago Aguirre, y de la especialista Lilian Chapa, la decisión presidencial otorga a marinos y soldados facilidades para realizar detenciones arbitrarias, alterar escenas del crimen y tergiversar los hechos a su conveniencia, sin rendir cuentas a la autoridad civil.

- JUAN OMAR FIERRO

El acuerdo presidencial que dispone de las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública en auxilio de la Guardia Nacional sumará cinco años más de intervención militar en las calles, práctica que en los últimos 13 años se ha traducido en una avalancha de 11 mil 142 quejas por presuntas violaciones graves a los derechos humanos atribuidas al Ejército y otras 2 mil 967 a la Marina-Armada.

Estas cifras no son la única preocupación de especialistas y abogados defensores: también los alarman las facultades que se otorgan a militares y personal naval para resguardar y procesar datos de prueba después de enfrentamientos y operativos, pues consideran que facilita a las Fuerzas Armadas la manipulación de escenas del crimen, como sucedió con la ejecución de civiles en Tlatlaya o el asesinato de dos estudiantes en el campus del Tecnológico de Monterrey.

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Santiago Aguirre Espinosa, quien ha litigado casos de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por el Ejército, afirma que el acuerdo publicado el lunes 11 “profundiza” la militarización del país, aunque el gobierno de Andrés Manuel López Obrador argumente lo contrario.