El Estado, A Prueba

El conflicto que enfrenta a los poderes del Estado escaló fuera de toda proporción en menos de una semana. En opinión de especialistas, nunca antes el país había vivido un problema de esta naturaleza, por lo que aventuran dos escenarios. En uno, con una solución política, el Legislativo debería retirar la Ley de Remuneraciones, por los vicios que contiene. La salida jurídica apunta a que la Corte resolverá el litigio declarando ilegal el ordenamiento. En la primera quincena del nuevo gobierno, el Estado mexicano es puesto a prueba.

- Jorge Carrasco Araizaga

Los poderes del Estado mexicano están a prueba. La decisión del titular del Ejecutivo de bajar la vara para los ingresos de los altos funcionarios públicos, sin considerar particularidades; la obsecuencia de la mayoría oficialista en el Legislativo, que apuró una ley defectuosa; y la determinación del Judicial de atenerse a la Constitución bajo principios ahora encontrados han creado una tormenta perfecta.

Ninguno parece dispuesto a conciliar. Una salida jurídica promete prolongar indefinidamente la confrontación, por lo que crecen las voces para encontrar una solución política y “evitar que un poder venza” a los otros o que se imponga el criterio se gún el cual “quien tiene la cartera, tiene el control”.

La solución política, consideran especialistas, implicaría que el Legislativo retire la Ley de Remuneraciones por los vicios que contiene y elabore otra. La salida jurídica apunta a que la Corte resuelva no sólo declarándola ilegal, sino incluso desechándola.

La sucesión en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a partir de enero y la pronta incorporación de un nuevo ministro a propuesta del presidente López Obrador coronan un enfrentamiento sin precedente.

Aunque se preveía (Proceso 2196), el conflicto escaló en menos de una semana y los tres poderes del Estado salieron a defender sus posiciones hasta ahora irreconciliables. Y en lo que es el origen de la controversia, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados cuestiona si los 108 mil pesos mensuales que se fijó el presidente como salario representan el total de su remuneración. Asegura que podría ganar “substancialmente más” si se consideran prestaciones.