El Fantasma De La Privatización

AMLO anunció que revertirá los decretos de reserva de agua, pero ahora tiene una disyuntiva: regresar a una Ley de Aguas que no protegía las cuencas, revivir las vedas y sus vacíos legales o pagar el costo político de cambiar la Constitución.

- Viridiana Mendoza Escamilla

LOS DECRETOS DE RE-SERVA DE AGUA SUPER-FICIAL APROBADOS EN JUNIO PASADO NO SIGnifican la privatización de las reservas de agua del país, pero abren la puerta para que se otorguen concesiones a empresas privadas de forma poco transparente.

La suerte de estos mandatos, señalados por organizaciones sociales como “privatización”, quedó echada el pasado 1 de julio, cuando el candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, ganó las elecciones presidenciales. AMLO criticó la medida y, ya como candidato ganador, incluyó en su agenda el plan de “revertir el decreto de privatización del agua”.

Aún no está claro qué regulación implantará su gobierno en sustitución de los decretos, pero tiene un par de alternativas, dicen los expertos; una mejor que la otra. Puede optar por cambiar la Constitución para empujar a las empresas mineras o de fracking (que perforan el suelo rocoso para la obtención de gas natural) a usar aguas tratadas o marinas para sus procesos extractivos en lugar de agua potable. O puede decidir volver a la regulación aún vigente, previa a los decretos, pero esto significaría el regreso a una opacidad todavía mayor.

El uso del líquido todavía se rige por la Ley de Aguas de 1992, que establece una prelación de uso, es decir, que está disponible para todos en concesión, pero en un orden de prioridad: primero las comunidades, luego la agricultura y después la industria.

Antes de esa ley, la regulación era aun más laxa. Había cuencas vedadas y cuencas disponibles, pero en ambos casos se desconocía la cantidad de agua existente y, por ello, algunas de las cuencas disponibles se sobreconcesionaron.