Abuso sexual en Hidalgo DIVIDE A LA CLASE POLÍTICA Y ENSOMBRECE al gobierno de Menchaca

El abuso sexual sufrido hace tres años por dos niñas en Zimapán ha desatado una tormenta política en el estado, enfrentando a facciones de la llamada Cuarta Transformación y cuestionando al gobierno del morenista Julio Menchaca, expuesto a presuntas redes de protección de uno de sus operadores políticos. El caso, empantanado en la Procuraduría de Hidalgo y con resoluciones judiciales contradictorias, revela fallas institucionales, injerencia política y la desprotección de las víctimas, quienes además enfrentaron diagnósticos médicos controvertidos y la exposición pública de su caso.

- ÁXEL CHÁVEZ

PACHUCA, Hgo.- El abuso sexual sufrido por dos menores tiene confrontada a la clase política en Hidalgo y en la mira al gobierno de Julio Menchaca, de Morena. El principal acusado es uno de sus operadores políticos y contratista de su administración. El caso está empantanado en la Procuraduría General de Justicia del estado luego de que la justicia federal revirtiera la resolución de la justicia local, que desechó la acusación.

Las niñas fueron víctimas de abuso sexual en el municipio de Zimapán hace tres años, cuando tenían entre siete y ocho años de edad. Quién o quiénes fueron los presuntos agresores no ha sido determinado por la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) ni ha emitido la orden de aprehensión contra la diputada local de Morena Alhely Medina Hernández, una de las personas demandas por la representación legal de las menores.

Tampoco se ha determinado si la agresión fue continua y en forma colectiva, como han declarado las menores, quienes, además de no tener justicia a casi tres años, han sido revictimizadas con una sobreexposición que transgrede su seguridad y su derecho a una vida libre de violencia, que ninguna autoridad les ha garantizado.

Basado en el testimonio de las niñas, el Ministerio Público situó las agresiones del 18 al 27 de abril de 2022, en un domicilio de la colonia Centro, en Zimapán, municipio que colinda con la Sierra Gorda de Querétaro. Quien presentó la denuncia el 17 de junio del mismo año fue Jaqueline Trejo Leal, madre de las víctimas; hoy, las tres se encuentran en un refugio federal.