AHORA EN MEXICO, EL DIALOGO PETRO-ELN

Tras cinco intentos que fracasaron, ahora nuevamente tendrá lugar un diálogo de pacificación entre el gobierno colombiano y el ELN, y eso ocurrirá en México. Las cinco rondas previas de negociación con esa sexagenaria guerrilla tuvieron lugar entre 2016 y 2018 y no cuajaron por diversos desencuentros con los gobiernos derechistas. La actual administración, la de Gustavo Petro, busca lo que llama paz total”, aunque hay dos temas que no quedaron agendados y pueden convertirse en un obstáculo para ese objetivo: la actividad del ELN en territorio venezolano y

- RAFAEL CRODA

BOGOTÁ.- La agenda del ciclo de negociaciones de paz que iniciarán la próxima semana en México el gobierno colombiano y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) tiene como prioridad avanzar en un acuerdo bilateral de cese del fuego y en la definición de los mecanismos de participación de la sociedad civil en ese proceso.

Para el presidente de Colombia, Gustavo Petro, es prioritario que en la ronda de negociaciones en México se logre el cese bilateral del fuego. Así se lo hizo saber a los delegados del gobierno en los diálogos con el ELN, con quienes se reunió el martes 7 para conocer los avances y desafíos del proceso, que busca poner fin a un conflicto armado de 58 años.

El máximo comandante del ELN, Antonio García, también ha manifestado la disposición de esa organización guerrillera, la más poderosa que hoy existe en América Latina, para “tratar y acordar” un cese bilateral del fuego en el ciclo que se inaugurará este lunes 13 en la Ciudad de México.

El senador Iván Cepeda, negociador del gobierno con el ELN, dice a Proceso que las partes ya decidieron incluir ese tema en el diálogo que arranca esta semana, pero advierte que se trata de un asunto que “tiene complejidades” que dificultan estimar qué tan pronto se llegará a un acuerdo.

Un cese bilateral del fuego, señala el legislador y operador clave de Petro en temas de paz, requiere de un mecanismo de implementación y verificación que involucra a observadores nacionales y extranjeros, y pasa por la aplicación de normas del derecho internacional humanitario.