Los desplazados, invisibles para el gobierno

Originaria de la sierra de Guerrero, Teodomira Rosales se ha convertido en un emblema para las personas desplazadas de esa entidad. De 2010 a la fecha ha cambiado de residencia tres veces, amedrentada por quienes se oponen a su lucha. Hace tres semanas ella y decenas de sus seguidoras levantaron un plantón de tres meses en las inmediaciones de Gobernación, tras lograr que 174 personas desplazadas fueran reconocidas como víctimas. Se trató de un pequeño logro en medio de una tragedia mayúscula: según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la cifra de desplazados se disparó en 2020 a 911 mil 914 personas.

- GLORIA LETICIA DÍAZ

En víspera de Nochebuena y después de tres meses de permanecer en plantón frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación, Teodomira Rosales Sierra y decenas de personas originarias de la sierra de Guerrero desplazadas por la violencia se dispersaron por diversas ciudades del país, donde han encontrado refugio temporal con familiares y amigos.

En condiciones precarias, los desplazados permanecieron en la calle Abraham González para exigir ser reconocidos como víctimas y recibir asistencia técnica, legal y psicológica, así como las reparaciones de daño a que tienen derecho, de acuerdo con la Ley General de Víctimas.

“Parecemos invisibles, hemos estado en la cara del gobierno y no nos ve ni nos escucha; muchos nos enfermamos, pero aguantamos, todo por exigir justicia. Pudimos sobrevivir con la ayuda de Dios, de verdad”, dice Teodomira, directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y ella misma víctima de desplazamiento forzado en tres ocasiones por su labor de defensa.

La primera fue en 2010: por defender el derecho al agua de pueblos indígenas, Teodomira salió huyendo de Tecoanapa, municipio del que es originaria, luego de ser rescatada por pobladores de un intento de homicidio contra ella y sus hijos.

La segunda fue en 2019. Refugiada en Ayutla, tuvo que desplazarse de manera forzada luego de recibir amenazas mientras acompañaba a víctimas de violaciones a derechos humanos y de la violencia.