Las Autoridades Capturadas

Desde 1997, cuando por primera ocasión el entonces partido dominante perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, las elecciones presidenciales se habían celebrado en un ambiente de confianza en las autoridades: Instituto Federal Electoral (IFE) – ahora Instituto Nacional Electoral (INE)–, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE). En esta ocasión es todo lo contrario: llegan en su nivel más bajo de confianza y dentro del grupo de instituciones reprobadas por los ciudadanos.

- Jesús Cantú

Las razones son evidentes: en 2000, el IFE venía de haber organizado las elecciones intermedias de 1997, cuando el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados y la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal, lo cual era un antecedente suficiente para confiar; en 2006, a pesar de la controvertida sucesión en el Consejo General del IFE, no habían sido sometidas a ninguna prueba previa y la ciudadanía les daba el beneficio de la duda; en 2012, tras la reforma de 2007-2008 y la renovación del Consejo General del IFE, éste había organizado con éxito las elecciones intermedias de 2009, con lo cual lograron recuperar al menos parte de la confianza perdida en el proceso de 2006.

Pero en esta ocasión, después de la reforma de 2014, las autoridades electorales llegan muy cuestionadas tras la organización de los comicios de 2015 y las elecciones estatales de 2016 y 2017, particularmente las de gobernador del Estado de México y Coahuila, el año pasado. Las elecciones intermedias federales y estatales de 2015 y 2016 ya habían dejado constancia de las deficiencias del nuevo diseño institucional que coloca a los organismos públicos locales electorales (OPLES) bajo la supervisión del INE.