“Ley Televisa II”, la nueva contrarreforma

Por enésima ocasión, el PRI y sus incondicionales en la Cámara de Diputados le dieron la espalda a la sociedad civil al aprobar por albazo una Ley de Telecomunicaciones que favorece a los concesionarios de radio y televisión, tradicionalmente aliados del poder. El dictamen aprobado elimina la obligación de éstos de distinguir publicidad de información y le resta facultades al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Cuando especialistas y organizaciones de la sociedad civil reclamaron este golpe regresivo, se les informó: “Sólo sabemos que es una orden de Ricardo Anaya”, el dirigente nacional del PAN.

- Jenaro Villamil

Representantes y especialistas de 16 organizaciones civiles dedicadas al derecho a la información realizaron entre el 25 y 27 de abril un último intento para frenar la aprobación en el pleno de la Cámara de Diputados del dictamen de reformas a 10 artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que benefician ampliamente a los concesionarios y mutila atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Buscaron al coordinador de los 109 diputados federales de la bancada del PAN, Marko Cortés Mendoza. Le expresaron sus argumentos, cuestionaron que el legislador y vicecoordinador Federico Döring haya presentado la iniciativa, que fue aprobada sin debate alguno en la Comisión de Radio y Televisión el 5 de abril pasado, y le hicieron ver que violaba el artículo 6 constitucional, el cual prohíbe expresamente “la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”.

“Sólo sabemos que es una orden de Ricardo Anaya”, atajó Marko Cortés.

Muchos legisladores del PAN que se oponían a que su voto se sumara a los del PRI y a los del Partido Verde hicieron un intenso cabildeo para frenar la llamada Ley Televisa-Döring. Intervinieron personajes como el exsecretario de Gobernación Santiago Creel, cercano a Anaya, y la exsecretaria del PAN y actual diputada federal Cecilia Romero, entre otros. Fue inútil. Testimonios recabados por Proceso coinciden en que la respuesta fue la misma: “la orden viene directamente de Anaya”.