La 4T cierra archivos históricos que antes “abrió”

La decisión del Archivo General de la Nación de mantener fuera de consulta pública por tiempo indefinido el fondo documental denominado Investigaciones Políticas y Sociales debe tener felices a los perpetradores de la represión del México contemporáneo, dice a Proceso María de los Ángeles Magdaleno, experta en el manejo de acervos históricos. Y sentencia: Si los archivos se cierran por incompetencia, “el resultado es censura”.

- Arturo Rodriguez Garcia

Un anuncio estilo oficio institucional, escrito en mayúsculas y con errores ortográficos –en realidad copia simple sin firma, sin sellos ni responsable formal–, sepultó indefinida mente la historia oficial de las represiones, los expedientes sobre las actividades tempranas del presidente Andrés Manuel López Obrador, Elba Esther Gordillo, Manuel Bartlett y otros funcionarios federales, así como de miles de personas cuya actuación pública fue definitiva en procesos electorales, actividades político-religiosas, relaciones y negociaciones con el hampa, e, inclusive, el registro que las policías políticas hicieron de las privatizaciones:

“Le informamos que a partir del 06 de enero de 2020 el fondo documental denominado ‘Investigaciones Políticas y Sociales (IPS)’, estará fuera de consulta por encontrarse en proceso de revisión. Por su comprensión y apoyo. muchas gracias” (sic).

La imagen del anuncio fue difundida por la historiadora María de los Ángeles Magdaleno Cárdenas, especializada en ese acervo desde 1998, año en el que por primera vez ese fondo estuvo abierto como parte de un convenio internacional suscrito y ratificado por México en materia archivística.

El 14 de febrero de 2019 el presidente López Obrador anunció la apertura de los fondos documentales de las policías políticas alojados en el Archivo General de la Nación (AGN). El 27 del mismo mes emitió un decreto reiterando la instrucción, pero la expectativa rápido se revirtió hasta dejar el acervo más inaccesible que en los tres sexenios anteriores debido a una serie de medidas administrativas que a mediados de abril redujeron a 200 versiones públicas las 3 mil que hasta entonces estaban disponibles.