La violencia política en razón de género y la libertad de expresión

En los últimos años la violencia política en razón de género (VPRG) se ha convertido en uno de los temas más controvertidos en la intersección entre el derecho electoral, los derechos humanos y la libertad de expresión. Su incorporación en la legislación mexicana respondió a la necesidad de proteger a las mujeres frente a prácticas discriminatorias persistentes en la vida pública, pero su ejercicio práctico plantea tensiones profundas. Cada vez más resoluciones judiciales la reconocen como tipo penal y como infracción administrativa. La pregunta central sigue abierta: ¿cómo asegurar la eficacia de esta figura sin debilitar el núcleo protector de la libertad de expresión, especialmente la ejercida con fines periodísticos y de interés público? Veamos.

- ERNESTO VILLANUEVA

Primero. El punto de partida es trazar la diferencia entre dos esferas jurídicas que suelen confundirse. Por un lado, la libertad de expresión responsable, entendida como pilar democrático destinado a garantizar el derecho colectivo a la información. Por el otro, la violencia política en razón de género, que se actualiza cuando se utilizan estereotipos, expresiones agravantes o actos discriminatorios dirigidos contra una mujer por el hecho de serlo, con el propósito o el efecto de restringir sus derechos político-electorales. El contraste radica en el contexto, la intención y el resultado. Sin un análisis diferenciado, la aplicación de la figura puede derivar en confusión. En el ámbito electoral esta tensión se vuelve aún más sensible. Las candidatas a cargos públicos, al someterse voluntariamente al escrutinio social, aceptan, en principio, un umbral mayor de crítica que los particulares. El artículo 20 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ofrece el marco normativo básico. Define la violencia política contra las mujeres en razón de género como las acciones u omisiones basadas en elementos de género que tengan por objeto o resultado menoscabar los derechos políticos y electorales de las mujeres. Exige tres elementos acumulativos:

a) Que la acción se funde en el género de la persona.
b) Que implique un trato diferenciado, estereotipado o denigrante.
c) Que ello limite efectivamente el ejercicio de sus derechos político-electorales.

La ley precisa, además: "Se entenderá que las acciones u omisiones se basan en elementos de género, cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer; le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella." Esta disposición acota interpretativamente esta figura.