TRAS LA "MUERTE CRUZADA", UN VOLÁTIL ESCENARIO SOCIAL Y POLÍTICO

Después de decretar la "muerte cruzada" -figura jurídica que le permite disolver el Parlamento, pero lo obliga a convocar elecciones-, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dispone de seis meses para gobernar por decreto. En ese periodo tendría la facultad de imponer reformas neoliberales que -a decir de analistas consultados por Proceso- pueden "incendiar las calles" y ahondar la crisis institucional que sacude al país.

- RAFAEL CRODA

“Polvorín social”

BOGOTÁ.– Acorralado por el Congreso, que lo tenía sometido a un juicio político que pudo haber culminado con su destitución, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso optó por disol ver por decreto al Parlamento pese a que, con esa decisión, la ley lo obliga a solicitar una convocatoria a nuevas elecciones y abandonar de manera anticipada el cargo.

“Fue un suicidio político de un presidente muy impopular, que ha hecho una pésima gestión de gobierno, y que ahora deja a Ecuador a las puertas de una crisis política y social que puede hacer de este país un polvorín”, dice a Proceso el profesor Daniel Pontón, del Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador.

Lasso, quien esta semana cumple dos años en el cargo, invocó por primera vez en Ecuador dos artículos de la Constitución promulgada en 2008 por el entonces mandatario Rafael Correa –su principal adversario político–, los cuales se conocen como “muerte cruzada”. Esto, porque si un gobernante disuelve el Congreso, él también deberá dejar el cargo en un plazo máximo de seis meses, mientras se realizan nuevos comicios legislativos y presidenciales.