Maniobras ilegales en el Fonacot

En la segunda mitad del año pasado el Fonacot se enredó en una serie de manejos administrativos irregulares, tan graves que el propio abogado de la institución los hizo notar y pidió explicaciones. Por ejemplo, el Fondo integró una “bolsa” que la hace funcionar como aseguradora, sin que tenga facultades para ello. Además, el titular del organismo no cumple con los requisitos para serlo.

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Maquinaciones administrativas realizadas en el seno del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) permitie ron la integración de una bolsa captadora de recursos y dividendos diseñada para fungir como aseguradora, sin que ese organismo tenga facultades para ello, lo que implicó falseo de información a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

El caso fue documentado por la oficina del abogado general del Fonacot en una “atenta nota” –de la que Proceso tiene copia– fechada el pasado 4 de septiembre. Entre los aspectos que destaca el documento está la extralimitación del director del organismo en sus funciones, la violación a la normatividad del propio instituto, la realización de operaciones previas a la aprobación del Consejo Directivo, así como la autorización que por ley debía tener de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Además observa que durante el proceso el Fonacot emitió información falsa y contradictoria a la BMV y que lo hizo con total opacidad, negándose inclusive a proporcionar los datos que solicitó el Órgano Interno de Control, lo que es constitutivo de delito.

El documento se refiere a la serie de irregularidades como un asunto “de alta relevancia institucional” y en sus 11 páginas repasa lo ocurrido en el segundo semestre de 2019.

Con el nombre de Fondo de Protección de Pagos (FPP), el director del Fonacot, Alberto Ortiz Bolaños, fue quien creó la bolsa con recursos obtenidos de las aportaciones de los trabajadores. Su propósito, manifiesto en el “evento relevante” que dio cuenta de su constitución, es cubrir la falta de pago de los trabajadores que adeudan en caso de desempleo, fallecimiento, invalidez o incapacidad permanente.