Caso inédito en la Corte de París Comuneros zapotecos llevan a juicio a Electricité de France

Ante la falta de apoyo de las autoridades de Oaxaca y la violencia desatada en su contra a partir de 2018, indígenas zapotecos de Unión Hidalgo buscan apoyo internacional para detener el proyecto eólico Gunaa Sicarú de la empresa Electricité de France, que conculca los derechos humanos de los habitantes de esa comunidad istmeña. Primero presentaron amparos ante la OCDE y en octubre pasado llevaron su caso ante la Corte de París. Esta instancia legal debió realizar una audiencia a principios de año, pero la pospuso para mayo a causa de la pandemia.

- PEDRO MATÍAS

Gunaa Sicarú. Proyecto cuestionado

O AXACA, OAX.- La comunidad indígena zapoteca de Unión Hidalgo busca justicia a 11 mil 162 kilómetros de distancia porque en su país, México, se la niegan. En un hecho inédito, la asamblea comunitaria presentó en octubre pasado una demanda civil ante la Corte de París, Francia, contra el gigante energético Electricité de France (EDF), el cual pretende establecer el parque eólico Gunaa Sicarú (Mujer Bonita) en ese entorno zapoteco sin el consentimiento de la comunidad, lo que, dicen, viola sus derechos humanos.

En Oaxaca se autorizaron ya 28 parques eólicos en municipios de Juchitán, Santo Domingo Ingenio, Ixtaltepec, Unión Hidalgo, El Espinal y Ciudad Ixtepec, de los cuales 23 son operados principalmente por empresas españolas, francesas y alemanas con inversiones japonesas. Sólo en uno de ellos se hizo una consulta indígena.

También hay un contrato otorgado directamente a la Secretaría de la Defensa Nacional para el abastecimiento de energía, así como otros cuatro que están a cargo de la Comisión Federal de Electricidad.

Alejandra Ancheita, directora ejecutiva del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Prodesc), y Miriam Saage-Maaß, coordinadora legal del European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), destacan que la demanda civil es la primera acción legal en su tipo iniciada por un pueblo indígena, el cual tuvo que acudir a instancias extranjeras porque “las autoridades mexicanas han fallado en garantizar el derecho al consentimiento de la comunidad”.