Usan en la ASF revisiones al gasto para negociar con gobiernos estatales

Un alto funcionario de la Auditoría Superior de la Federación reveló “graves irregularidades y prácticas opacas” del área a cargo de Emilio Barriga, el auditor especial de Gasto Federalizado, quien negocia con gobiernos locales para realizar auditorías en las cuales las irregularidades no derivan en “pliegos de observaciones”. Los señalamientos, asegura, fueron archivados. "Cuando un auditor se opone a los resultados que se pretenden justificar es estigmatizado como 'poco institucional' e incluso se amenaza despidos", lamenta el denunciante.

- MATHIEU TOURLIERE

Barriga Delgado (de barba). Irregularidades y opacidad Foto: Graciela López Herrera/Cuartoscuro

El año pasado, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó una muestra de 62 contratos que el gobierno de Nuevo León de Samuel García Sepúlveda otorgó y pagó con recursos federales en 2023, los auditores determinaron un sinfín de irregularidades derivadas de la “falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto y del cumplimiento del objeto de los contratos (...) que acredite la entrega de los bienes”. Por ello, el informe de auditoría presumió un “daño o perjuicio” a la Hacienda Pública por 192 millones 334 mil pesos.

La misma ASF revisó otra muestra de contratos, ahora de los Servicios de Salud del Estado de Morelos, otorgados por el gobierno de la morenista Margarita González Saravia Calderón, también en 2023. Los auditores recopilaron una gran cantidad de información (27 CD, un USB y anexos) y de nueva cuenta detectaron una “falta de información contractual (número de contrato, proveedor, RFC y partida, entre otros) (...) que acredite la contratación o que justifique los gastos diversos del total de las erogaciones”, por un monto aún mayor: mil 151 millones 242 mil pesos.

Sin embargo, en lugar de determinar un pliego de observación y de presumir un daño a la hacienda, el informe de la ASF sólo emitió una “solicitud de aclaración” mediante la cual invitó al gobierno de Morelos a aportar más información, una acción permitida en la normativa del ente fiscalizador, pero reservada para casos excepcionales.

En ambos asuntos, el gobierno estatal no pudo justificar que los bienes o servicios contratados -y pagados con recursos federales- fueron entrega- dos, pero la ASF aplicó una normativa distinta entre ambos.