Suprema Corte vs. Presidencia: UNA PUGNA ENTRE PODERES que raya en el desacato

El traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, la clasificación de seguridad nacional sobre megaobras como el Tren Maya y la Ley de Comunicación Social son algunos de los asuntos de interés nacional en los cuales la Suprema Corte ha emitido sentencias y éstas han sido ignoradas por los Poderes Ejecutivo y Legislativo, sin importar la parálisis causada a órganos como el INAI y de que el incumplimiento de las resoluciones del Máximo Tribunal, de acuerdo con la Constitución, puede derivar en la destitución y consignación de los funcionarios responsables.

- DIANA LASTIRI

En el contexto del continuo enfrentamiento entre el Poder Judicial de la Federación (PJF) y el Poder Ejecutivo federal, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y el Poder Legislativo -de mayoría morenista con aliados- han decidido incumplir las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra leyes y reformas impulsadas por la actual administración de la 4T. 

Proceso verificó vía datos públicos de la Corte que por lo menos en nueve ocasiones el presidente y los legisladores oficialistas han hecho caso omiso de las resoluciones del Máximo Tribunal pese a que, conforme a los procedimientos, los ministros han enviado diversos requerimientos de informes.

El traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la clasificación de las obras prioritarias del gobierno como de seguridad nacional para reservar su información, la designación de los comisionados del Instituto de Transparencia, entre otras materias, han sido objeto de estos incumplimientos. En todas, el presidente ha expresado su rechazo a las decisiones del Máximo Tribunal.

De acuerdo con la Constitución, el incumplimiento de las sentencias emitidas por la Corte o los jueces de amparo puede derivar en la destitución y consignación de los funcionarios responsables.

Para que la Suprema Corte pueda iniciar los requerimientos para el cumplimiento de sus sentencias, deben solicitarlo quienes tramitaron las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales o los amparos respectivos.

Por lo que muchas veces la ejecución de las resoluciones depende también de los pactos que puedan realizar los actores políticos en los días y meses siguientes al dictado de las sentencias.