EL ARRAIGO Y LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, EN EL BANQUILLO

Mediante un proceso judicial plagado de irregularidades, tres indígenas nahuas pasaron dos años en la cárcel acusados de secuestro y terrorismo. Su caso provocó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenga al arraigo y a la prisión preventiva oficiosa bajo escrutinio. A sus jueces les cuesta trabajo entender cómo ambos recursos no violan los derechos humanos. Este martes 26 se vence el plazo que la Corte otorgó para alegatos y observaciones finales. Luego iniciará la etapa de resolución, la cual puede culminar en una condena: que México elimine dichas figuras jurídicas de su legislación.

- PEDRO ZAMORA BRISEÑO

Corte Interamericana de Derechos Humanos. Resolución en ciernes

Desde su incorporación a las leyes mexicanas, hace casi cuatro décadas, la figura del arraigo ha permanecido vigente en el país a pesar de las frecuentes recomendaciones y denuncias de organismos nacionales e internacionales, que la han calificado como violatoria de los derechos humanos.

Sin embargo, por primera vez la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) tiene bajo su escrutinio esta figura, dentro de un procedimiento contencioso instaurado contra el Estado mexicano, que podría recibir una sentencia condenatoria que lo obligaría a derogar el arraigo de la legislación nacional.

Este procedimiento de la Coidh contra el arraigo y la prisión preventiva oficiosa -también considerada violatoria de derechos humanos- responde al caso de Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile, Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López (fallecido), indígenas nahuas de Zongolica, Veracruz, a quienes en enero de 2006, tras la descompostura de su vehículo en una carretera de esa entidad, la Policía Federal de Caminos (PFC) los detuvo de manera "ilegal y arbitraria".

Enseguida, fueron sometidos a un arraigo de 90 días y después estuvieron presos dos años y medio bajo la acusación de secuestro y terrorismo, para finalmente ser absueltos y obtener su libertad al ganar un juicio de amparo en octubre de 2008.

Después de más de un año de actuaciones, la Coidh estableció el próximo martes 26 de julio como plazo límite para que las partes entreguen sus alegatos y observaciones finales, antes de que el organismo pase a la etapa de resolución.

Detención ilegal y arbitraria