Se Opone A La Injerencia Del Ejecutivo El Primer 'Round', Contra El Poder Judicial

Jueces, magistrados y ministros del país se preparan para dar la batalla contra ciertas medidas del nuevo gobierno. El conflicto fue detonado por la modificación a la Ley de Remuneraciones, que ajustaría a la baja las percepciones de algunos juzgadores del país. Pero también protestan contra la injerencia que tendrán los poderes Legislativo y Ejecutivo en la reorganización del Judicial, como en el tema de los relevos en la Suprema Corte.

- Jorge Carrasco Araizaga

Los jueces del país se preparan para equilibrar el poder del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su mayoría en el Congreso de la Unión. La pretensión del nuevo gobernante y los legisladores de Morena para reducir los sueldos y prestaciones en el Poder Judicial de la Federación (PJF) y disponer de su permanencia en los tribunales, tiene movilizados a los impartidores de justicia en todo el país, apoyados desde la Suprema Corte.

Como nunca antes había ocurrido en la historia moderna de México, el PJF se dispone a actuar para reivindicar el equilibrio de poderes, su independencia y su autonomía ante lo que el ministro saliente José Ramón Cossío Díaz consideró el 29 de noviembre como un gobierno que quiere hacer “lo que le venga en gana”.

En una acción sin precedente, centenares de jueces y magistrados promueven un amparo colectivo que más allá de su rechazo a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, representa la posición del PJF ante el gobierno de López Obrador y la mayoría que tiene en el Congreso. Aseguran que el nuevo Ejecutivo, apoyado por esa mayoría, pretende cooptar al Poder Judicial para disminuir los controles a la concentración del poder.

Hasta el viernes pasado (30 de noviembre), más de 614 titulares de juzgados y tribunales federales del país se habían adherido a la propuesta de amparo colectivo contra las reformas a la Ley de Remuneraciones, mientras que otros jueces ya han solicitado la intervención directa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impedir que se concrete la reducción de sus ingresos.